El derribo de los inmuebles de los números 27 y 29 de la calle Puerta Canseco de la capital tinerfeña, que el Cabildo de Tenerife consideraba que había que proteger, comenzó ayer, dos días después de hacerse público el informe encargado por el Ayuntamiento de Santa Cruz a la Fundación Cicop, que concluía que no tenían valores patrimoniales para mantenerlos.

Los trabajos de ayer, considerados menores, consistieron en el vallado de los dos edificios, y en el inicio de la retirada de elementos como las ventanas. Según fuentes de la contrata, la obra "grande", en la que se utilizarán palas, se ejecutará, si no hay contratiempos, a comienzos de la próxima semana.

Respecto al tercer inmueble valorado por el Cicop, el del número 23, fuentes de Urbanismo aclararon que la demolición de la parte que aún queda en pie no se retomará hasta que el Cabildo de Tenerife se pronuncie, oficialmente, sobre el informe del Cicop. Por tanto, la licencia continuará suspendida.

Cabe recordar que la Corporación insular ordenó la paralización de los trabajos a finales del año pasado, pero una vez vencido el plazo de 30 días el ayuntamiento podía dar permiso para que la obra se retomara sin necesidad de que el Cabildo lo autorizara.

Al menos así lo aseguró ayer la consejera insular de Patrimonio Histórico, Josefa Mesa, quien indicó que una vez que el ayuntamiento les ha remitido el documento, con el que se decide no proteger los tres inmuebles, la Corporación insular no tiene ya que pronunciarse más sobre los mismos. "Las medidas cautelares que establecimos a finales del año pasado para evitar el derribo del número 23 caducaron", sostuvo.

La consejera subrayó que es el consistorio "el que tiene que decidir la reanudación de los trabajos y la apertura de la calle". "Y no entiendo por qué no se han reiniciado, pues el promotor está esperando", añadió.

Josefa Mesa recordó que en la reunión que mantuvieron ambas administraciones en enero, para tratar de resolver el conflicto generado por este asunto, se acordó que el consistorio, antes de permitir cualquier tipo de actuación, realizaría un informe sobre los valores patrimoniales de los inmuebles de Miraflores para los que ya se había otorgado licencia de demolición y construcción de nuevos edificios.

El Cabildo, mientras, se comprometió a acatar las conclusiones de dicho documento. "Y es lo que hará la Corporación", aseveró.

Lo que sí dejó claro Mesa es que la Corporación insular mantiene su rechazo al derribo de los inmuebles en cuestión. "Nuestro criterio respecto a las casas de Miraflores no ha variado, ya que seguimos considerando que deben ser protegidas", aseguró. No obstante, indicó que el Cabildo "acata" y "respeta" el contenido del informe del Cicop, a pesar de que, a su juicio, carece de información.

"Debería haberlo hecho un equipo multidisciplinar. Esperaba un documento más exhaustivo, con más información y que contara con un informe de un historiador", reconoció la consejera de Patrimonio, quien añadió que tampoco comparte el contenido del estudio cuando dice que ya es tarde para proteger Miraflores, donde son seis inmuebles, y no solo tres, los que deben ser protegidos. "Con ese argumento hubiese pasado lo mismo con El Toscal", dijo. A su juicio, el informe podía haber sido elaborado por algún técnico municipal.

Eso sí, la consejera no puso en duda, como han hecho otras formaciones políticas del ayuntamiento, entre ellas la suya, el PSOE, la idoneidad de uno de los firmantes del documento del Cicop: Juan Manuel Palerm. "Siempre creo en la profesionalidad y en la responsabilidad. Cuando se habla de inmuebles patrimoniales entendemos que son personas con la solvencia necesaria", afirmó.