El concejal de Urbanismo de Santa Cruz, Carlos Tarife, salió ayer al paso de las críticas vertidas sobre el informe elaborado por el Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio (Cicop) sobre tres inmuebles del entorno de Miraflores, y abogó por "emplear razones y no pasiones" a la hora de determinar si un inmueble cuenta o no con valores patrimoniales dignos de ser protegidos de acuerdo a la legalidad vigente.

En este sentido, el edil avaló el "prestigio" de la Fundación Cicop, así como la "independencia" del informe técnico referido a tres inmuebles de la calle Puerta Canseco: los números 23, 27 y 29.

Tarife invitó a la oposición municipal "a analizar con rigor el informe y a guiarse por razones técnicas y no por pasiones políticas en sus juicios públicos en materia de patrimonio histórico. Es un asunto serio que requiere seriedad, no demagogia".

El concejal de Urbanismo destacó que "el informe concluye que los inmuebles estudiados no reúnen un valor patrimonial objetivo a tenor de la legislación autonómica de aplicación y esa conclusión es unánime por parte de los 5 especialistas independientes que han participado en la elaboración del informe".

"No es de recibo que cuando no nos gusten las conclusiones de un informe, se cuestione el prestigio de una fundación acreditada en la protección y conservación del patrimonio histórico ni que se desacredite a especialistas en la materia con experiencia probada en el ámbito patrimonial de capitales como Madrid, Sevilla, Valladolid, Las Palmas de Gran Canaria o La Laguna", explicó.

En esta línea, el concejal de Urbanismo sí destacó "la reacción del Cabildo de Tenerife, que, en cumplimiento de su compromiso con el ayuntamiento, asume el sentido del informe sobre los inmuebles de Puerta Canseco y obra con toda la responsabilidad".

El concejal recordó que el Cicop es una entidad privada, cultural y sin ánimo de lucro, cuyos fines, entre otros, son la protección, conservación y promoción del patrimonio cultural mueble, inmueble e intangible.

Por su parte, y al igual que hiciera este lunes Sí se Puede, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, José Ángel Martín, dudó de la "idoneidad" de que uno de los redactores del Plan General de Ordenación (PGO) firme el informe sobre la protección de la manzana de Miraflores.

La situación del arquitecto Juan Manuel Palerm, a la vez responsable del documento que otorga edificabilidad a la zona y uno de los siete expertos que debían analizar el valor artístico-histórico de los inmuebles, es, a juicio de Martín, "un conflicto de intereses".

El portavoz socialista indicó que ve una "clara incompatibilidad al ser la misma persona quien previó una edificabilidad para esta zona y quien tiene que dictaminar la protección". Así, consideró que "sí que cuesta ver el mismo nombre en los dos documentos, algo que debería hacer que Urbanismo plantease la viabilidad del informe".

Por ese motivo, solicitó que se encargue un nuevo estudio sobre la protección de estos inmuebles. "Como mínimo, debería hacerse desde el ámbito público, ya que los técnicos municipales tienen la suficiente capacidad para hacerlo", aclaró José Ángel Martín.

Los socialistas, "además del desacuerdo con el informe, nunca hemos compartido ni compartiremos el hecho de que sea contratado un despacho externo para hacer el informe", comentó. Martín aseguró que, de todas formas, "estamos en desacuerdo con el informe porque creemos que el conjunto tiene unas características que las hace dignas de protección".

Al respecto, el portavoz de Ciudadanos, Enrique Rosales, manifestó que "esperan" que la guerra entre el equipo de gobierno local y el Cabildo de Tenerife sobre el valor patrimonial de los inmuebles "sirva como experiencia a los gobernantes de la capital", para que así "este episodio no se vuelva a repetir en el futuro, y para que se trabaje además de forma coordinada para buscar una solución antes de que el asunto sea llevado a los juzgados".

Rosales recordó que "Cs propuso desde un principio que CC y PP elaborasen un informe que determinara el valor de los inmuebles, pero "prefirieron llevar al municipio a los juzgados en lugar de hacer su trabajo".

Rechazo también de Nuestro Patrimonio

La Asociación Nuestro Patrimonio también mostró ayer su rechazo al informe del Cicop y mostró su apoyo a los informes técnicos del Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Tenerife, emitidos durante la revisión del PGO en 2007 y 2010, y ratificados en agosto de 2017 en un informe solicitado por el colectivo. En ellos, se deja constancia de que los citados inmuebles, así como varios más en el antiguo barrio de Miraflores, "merecen ser incluidos en el catálogo municipal". En ese documento se detallaba que fueron diseñados por los arquitectos "más prestigiosos" que trabajan en Santa Cruz en la primera mitad del siglo XX (Pintor, Pisaca, Marrero Regalado) y con unas características tipológicas y formales que le otorgan un "indudable valor patrimonial". Por tanto, desde la asociación "no comparten" las demoliciones previstas, toda vez que su fin primordial es la defensa y puesta en valor del patrimonio histórico. El colectivo lamentó que el ayuntamiento haya dado autorizaciones para demoler inmuebles que los técnicos del Cabildo habían propuesto catalogar, sin antes disponer de un informe técnico propio que contradijera a los de la Corporación. Por eso, exigió que este "anómalo procedimiento" no se vuelva a repetir.