Casi tres años después de que una sentencia firme lo estableciera, el Ayuntamiento de Santa Cruz ha abonado la parte que restaba de los salarios de tramitación a los 22 exempleados de la empresa de recaudación voluntaria Félix Marrero, despedidos en 2014, pero a los que la Justicia obligó a readmitir un tiempo después. Aunque en principio eran 23, uno de ellos se desligó en el transcurso del proceso.

En concreto, y según la documentación a la que tuvo acceso ayer este periódico, el área de Hacienda ha procedido a abonar algo más de 748.000 euros. Con anterioridad a esta cantidad ya se había pagado una parte. Faltarían por ingresar los intereses y las cosas provisionales, que ascienden a algo más de 57.900 euros.

Según indicó ayer el abogado de los trabajadores, José Luis Arias Machuca, dada la "pasividad" del departamento de Recursos Humanos del ayuntamiento, se mantuvo hace algunas semanas una reunión con el concejal de Hacienda, Juan José Martínez, para ponerle en conocimiento la "irresponsable inoperancia" de la directora del departamento, "que hacía oídos sordos a un mandamiento judicial firme, y cuya repercusión recaería sobre el propio concejal".

A partir de esa cita, detalló Arias Machuca, se puso en marcha "el engranaje oportuno" para el fiel cumplimiento de la sentencia -la última es de julio de 2016-, y se dio el primer paso hacia la legalidad, esto es "el abono de los salarios de tramitación a todos los trabajadores de la extinta Recaudación Voluntaria".

"Queda pendiente -recalcó el letrado de los trabajadores- que se le dé ocupación efectiva a los empleados". Y es que los 22 extrabajadores de Félix Marrero están en el ayuntamiento, pero sin desempeñar ninguna función.

"La picaresca y el sentido del humor pueden hacer pensar que cualquiera querría esa situación: cobrar y estar en casa. ¿Durante cuatro años? Esto es denigrante e injusto para la parte vencedora en el pleito. No existen puertas traseras para quien ha ganado un juicio y la justicia le ha dado la razón. Las únicas puertas que se dan son las giratorias y no precisamente para los trabajadores", recalcó Arias Machuca.

El concejal de Hacienda, por su parte, defendió la gestión del consistorio y aseguró que, a pesar de que la resolución del pago se ha hecho efectiva después de la reunión, "se estaba tramitando". "No estaba paralizado", dijo.

El edil justificó el retraso en el cumplimiento de la sentencia por las "dificultades" para calcular la distribución de los sueldos. "Eso fue lo que le llevó tiempo a Recursos Humanos para determinar las cantidades que había que distribuir", insistió. "Y todo ello tenía que ser supervisado por la Intervención", añadió.

Respecto a la otra parte de la sentencia, esto es que los trabajadores tengan una función en el ayuntamiento, Juan José Martínez avanzó que "están viendo alternativas" y confió en que "dentro de poco" puedan hacer algún anuncio en este sentido, "en función de las necesidades del consistorio".

Eso sí, dijo, no será en áreas de recaudación, en las que ya están las plantillas cubiertas por funcionarios, "que lo están haciendo mucho mejor que con el modelo anterior". "El consistorio tiene otras necesidades y, en función de sus perfiles, Recursos Humanos planifica un planteamiento que en próximas fechas vamos a dar a conocer a ver si es viable tanto para ellos como para nosotros", subrayó.