Los antiguos quiosqueros de Las Teresitas, al menos gran parte de los consultados ayer, no denunciarán los pliegos que regirán la adjudicación de los nuevos ocho quioscos que el Ayuntamiento de Santa Cruz ha sacado a concurso.

Tras la última sesión plenaria, en la que el grupo de gobierno rechazó paralizar el concurso, Sí se Puede e Izquierda Unida, que habían abanderado el rechazo al pliego de condiciones, habían dejado en manos de los dueños de los chiringuitos de toda la vida la posibilidad de acudir a los tribunales.

Sin embargo, el coste que supondría afrontar un proceso judicial así, la falta de argumentos jurídicos a los que aferrarse y, sobre todo, la imposibilidad de hacer frente al aval de 100.000 euros que ha fijado el consistorio para la concesión han motivado que estos empresarios hayan preferido buscar alternativas en San Andrés y alrededores.

Es el caso, por ejemplo, de los dueños del antiguo quiosco Lucas, que próximamente abrirán una tasca cerca del castillo de San Andrés. Y un camino similar han seguido otros propietarios.

No obstante, el hecho de que los quiosqueros no denuncien no implicará que el proceso acabe aquí, pues Sí se Puede e Izquierda Unida seguirán adelante con los planteamientos que habían avanzado durante la sesión plenaria del pasado mes de febrero.

Así, hoy pondrán en conocimiento de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar lo que entienden como "determinadas irregularidades" en el proceso de concesión administrativa de uso privativo de dominio público para la instalación y explotación de los servicios de temporada en la playa de Las Teresitas, consistente en 8 kioscos de playa terrestre y servicios de hamacas y sombrillas en el espacio de arena de la zona de dominio público marítimo terrestre, mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria.

En el documento que se le remitirá al departamento estatal, al que tuvo acceso ayer este periódico, ambas formaciones políticas remarcan, entre otros asuntos, que en el pliego, desde el punto de vista de la solvencia económica, se establecen unos requisitos para poder concursar "que carecen de la más mínima motivación", sin que existan informes de los servicios municipales que avalen el contenido de los pliegos.

En este caso, hacen mención al aval de 100.000 euros. A juicio de SsP e IU, este no solo es un criterio "desproporcionado", sino que, "lo que es más grave", el contenido del artículo que se menciona -75 del TRLCSP- no establece lo que recoge esta cláusula del pliego, tratándose de una "manipulación inaceptable".

Del mismo modo, SsP e IU estiman que los pliegos "violentan" determinados principios que recoge el artículo 158.1 del Reglamento de Costas, como son los de imparcialidad y concurrencia competitiva.