El presidente de la CEOE de la provincia tinerfeña, José Carlos Francisco, dijo ayer que los empresarios comparten la política fiscal que lleva a cabo el Ayuntamiento de la capital, aunque insistió en sus críticas hacia el exceso de burocracia.

En declaraciones a los periodistas tras reunirse con el alcalde, José Manuel Bermúdez, y con varios ediles de la capital, Francisco afirmó que la patronal está "de acuerdo" con la política impositiva del consistorio, y valoró la rápida aprobación del presupuesto.

No obstante, el presidente de la patronal sí mostró su "queja" por la excesiva burocracia, algo que no achacó exclusivamente al ayuntamiento y que impide que empresarios y ciudadanos se beneficien aún más de la rebaja fiscal.

En esa línea, subrayó que el Plan General de Ordenación (PGO) ha sido una "desgracia" para la ciudad desde el año 2000, que se suma a una legislación "complicadísima y muy interpretable". Como ejemplo, hizo referencia a la paralización de la demolición de un edificio en la zona de Miraflores por parte del Cabildo.

"No acierto a comprender cuál es el valor histórico de ese edificio", indicó el presidente de la CEOE, que destacó que actuaciones como esta afectan al desarrollo de la ciudad porque no dan seguridad jurídica a los inversores.

Al respecto, Bermúdez coincidió con el presidente de CEOE-Tenerife en que la normativa canaria en general es "farragosa y muy interpretable", y frente a ello defendió las líneas maestras de su gestión, que pasan por "menos impuestos, menos burocracia, más inversión y más seguridad jurídica".

También avanzó que el ayuntamiento profundizará en la configuración de una administración electrónica que permita la reducción o eliminación del papel en la relación con el ciudadano. "Estamos metidos de lleno en ese proceso y los resultados se irán viendo progresivamente", dijo.

La reforma fiscal aprobada por el Ayuntamiento de Santa Cruz, y que ha entrado en vigor el 1 de enero, implica un ahorro para los vecinos de 4,8 millones de euros, una cifra que aumenta hasta 6,8 millones en lo que va de mandato, y la reducción de tipos impositivos es simultánea al mantenimiento del esfuerzo inversor al límite del techo de gasto autorizado, con 47 millones presupuestados.

La reforma fiscal municipal se sustancia en la modificación de cuatro ordenanzas municipales de naturaleza tributaria.

Las cuatro abordan mejoras objetivas en la fiscalidad del impuesto de bienes inmuebles (IBI), del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y de la Tasa de Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos.

Estas novedades tributarias para el año 2018 se suman a las distintas reformas que ha ido acometiendo el Ayuntamiento capitalino en los últimos años y que incluyeron la bonificación del 3% por domiciliación de recibos, la reducción de los tipos impositivos en el IBI, en el IVTM y en el ICIO, así como la eliminación de otras tasas.