Santa Cruz de Tenerife

Denuncian persecución municipal para acabar con la crítica

Sí se Puede e Izquierda Unida avanzan que llevarán el asunto al Pleno Los afectados dicen que la Policía Local falseó las actas.
O.G., S/C de Tenerife
16/dic/17 6:06 AM
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Denuncian persecución municipal para acabar con la crítica

Representantes de la Plataforma Canarias por un Territorio Sostenible y de la Asamblea En Defensa de Nuestra Tierra, por un Mar Limpio, acompañados por los concejales Ramón Trujillo (Izquierda Unida) y Asun Frías (Sí se Puede), denunciaron ayer una "persecución" del Ayuntamiento de Santa Cruz para acabar con la "crítica" de determinados colectivos sociales.

La queja viene motivada por las sanciones impuestas a través de la conocida como "Ley Mordaza" y desde el área de Servicios Públicos, con el amparo de la ordenanza de Paisaje Urbano, a Sergio García y Julián Ayala, miembros de las dos colectivos citados, por la supuesta colocación de carteles en zonas prohibidas de la capital.

Según relató García, su multa deriva de una manifestación celebrada el 9 de septiembre, "que transcurrió sin incidentes". "Diez días después me llamó la Policía y me dijo que yo era el responsable de los carteles que estaban pegados", apuntó. "Y el pasado 1 de dicmebre recibí la comunicación del ayuntamiento en la que me informaban de que me habían levantado un acta por colocar carteles en la calle Castillo y en la plaza de Weyler el 20 de septiembre, cuando ese día estaba en Sevilla".

"Este comportamiento es de un estado mafioso. La Policía Local faltando a la verdad y el ayuntamiento persiguiendo. La situación es inaceptable", recalcó García.

El caso relatado por Ayala es similar. El 23 de octubre pasado se le comunicó un decreto de expediente sancionador del área de Servicios Públicos, en esta ocasión por una colocación de carteles en lugares no autorizados supuestamente ocurrida el 19 de diciembre del año anterior. "Me quedé sorprendido. Soy una persona mayor que no pega carteles", subrayó.

Julián Ayala recordó que el día en cuestión lo único que hicieron miembros de la plataforma fue dar una rueda de prensa por fuera del Parlamento de Canarias. Tras ese acto improvisado, dos policías les pidieron la documentación y los identificaron por la colocación de una pancarta.

Sin embargo, y tras solicitar el expediente, en él aparecen tres actas de infracción -aunque en ellas el denunciado aparece como ausente- de días anteriores al acto del Parlamento, con fotografías de carteles, entre ellos el de una manifestación que se había celebrado casi un mes antes, el 26 de noviembre.

En el caso de Ayala no solo se ha aplicado la ordenanza de Paisaje Urbano, sino también la Ley de Seguridad Ciudadana. El afectado anunció que acudirá a los tribunales.

A juicio de Santiago Pérez, las sanciones impuestas son simbólicas -60 euros-, "pero lo que está en juego es lo que hay detrás: un ambiente represivo". "Los responsables no son los agentes, sino quienes están detrás: sus jefes políticos". Pérez sostuvo que "niegan la presunción de inocencia y obligan al denunciado a demostrar su inocencia".

Por su parte, Ramón Trujillo consideró que la descrita es una conducta "impropia" de un estado de derecho, y dijo que es "escandaloso" que se acuse a alguien de pegar carteles de una manifestación "que ya pasó, y a otro que estaba fuera".

En esta línea, Asun Frías anunció que llevarán el asunto al Pleno y a la Comisión de Control, y solicitó más espacios urbanos donde instalar carteles.