Todas las partes implicadas en el caso Saida -asunto que toma el nombre de la candidata herida con quemaduras en la gala del Carnaval 2013- han alcanzado acuerdos extrajudiciales que se rubricarán el próximo lunes y que evitará que los dos acusados, el diseñador Willy Jorge y el entonces gerente de Fiestas, Fran Trujillo, cumplan prisión.
Fuentes próximas al caso confirmaron que la compañía Mapfre cerró un primer acuerdo con Parque Bulevar (uno de los dos patrocinadores del traje de Saida). A cambio de retirar los cargos contra el diseñador y el gerente, la aseguradora del ayuntamiento podría haber aportado unos 30.000 euros. La otra firma, Diario de Avisos, se retiró del pleito, al igual que el bombero y el técnico de sonido que sufrieron quemaduras leves.
Desde que se fijó la fecha del juicio para el próximo lunes, las negociaciones se centraron en Saida Prieto, a quien la compañía consignó desde el principio los 230.000 euros que consideró suficiente la jueza, a falta de la valoración final. Las mismas fuentes precisaron que el abogado de Saida llegó a pedir hasta 2,6 millones, si bien el importe final puede rondar los 700.000 euros, cantidad que no se desvelará porque está sujeta a una cláusula de confidencialidad.
Los diseñadores de la candidata, Víctor Díaz y Carolina Hernández, quedaron relegados al final de la negociación que se zanjó el miércoles pasado, con la mediación de la fiscal. De los 54.000 euros que pedían, la indemnización final está por debajo de la mitad pretendida.
Gracias a esta conformidad, el lunes acudirán los dos acusados y la fiscal para rubricar la aceptación de las penas. Se impondrá para cada uno -diseñador y exgerente- un año de cárcel por los daños ocasionados a Saida por un delito imprudente de lesiones, más tres meses por las heridas que sufrieron los diseñadores. Los acusados no irán en prisión porque Mapfre, aseguradora del ayuntamiento, pagó la responsabilidad. Además, la pena es inferior a dos años y no tienen antecedentes penales.
Las indemnizaciones totales de 800.000 euros evitan el pleito judicial y reabrir, y revivir, desde el lunes un caso que puso en jaque al Carnaval en 2013.