Una vecina de la capital, concretamente del límite entre Santa Cruz y La Laguna (calle Kenya, en La Cuesta), se enfrenta una multa de 800 euros por las malas condiciones en las que, supuestamente, tenía a su perro, un dálmata de diez años.

La investigación se inició tras una denuncia formulada por el Partido Animalista (Pacma) hace unos meses. El primer paso lo dieron los agentes de la Policía Local de la capital, en concreto del servicio de Protección del Entorno Urbano (Proteu), el pasado mes de marzo.

Curiosamente, y según se desprende el informe al que tuvo acceso este periódico, fechado el 7 de marzo de 2017, estos policías no detectaron deficiencias en el lugar. Es más, observaron "un perro en buenas condiciones higiénico-sanitarias, con comida y agua fresca disponible todo el día, atado a una cadena de ocho metros que le permite la movilidad de desplazarse por el interior y exterior de la vivienda, cuando hace calor o llueve".

Sin embargo, el caso no quedó ahí. La reiteración de la denuncia por parte del Pacma en mayo del mismo año, acompañada, incluso, de un informe de un detective privado, derivó en una posterior visita a la vivienda de la calle Kenya de los inspectores de Sanidad municipal.

Y estos sí que encontraron motivos para abrir un procedimiento sancionador a la propietaria del perro, una mujer con problemas de movilidad llamada Mercedes Covadonga Morales. En concreto, algunos que eran constitutivos de infracción leve y grave conforme al Capítulo IV del Título VI de la nueva ordenanza municipal, como mantener a los animales sin la alimentación e hidratación suficiente y equilibrada, o en lugares o instalaciones inadecuadas desde el punto de vista higiénico sanitario y de seguridad, si el riesgo para el animal es grave.

Avanzado el expediente, la propuesta de multa que se le comunicó a la citada vecina ascendió a 800 euros, además de la advertencia de que el animal podría ser decomisado "si continuaba con la situación de maltrato, haciendo caso omiso de las exigencias legales para la tenencia del perro".

Entre esas exigencias, la construcción de una caseta, con unas medidas determinadas, y en menos de diez días.

"Me comunicaron la propuesta de sanción el 29 de julio. Vivimos en una casa de cuatro pisos, y el perro estaba amarrado con una cadena, pero en un porche que le permitía salir directamente a la tierra", explicó la afectada, quien remarcó que nunca le han explicado "nada claro".

Y eso que las visitas han sido varias. "Han estado aquí más de diez veces. La Policía verificó, incluso, que el perro estaba en buenas condiciones", añadió Covadonga. "No entiendo el acoso", se quejó.

No obstante, y a la vista de que la Administración no daba marcha atrás, la vecina de la calle Kenya aceptó construir una nueva caseta para su perro. "Me han tenido hasta que prestar dinero para hacerla", aseguró. "Pero si no lo hacía, me dijeron que podía llegar la multa a 1.500 euros por desacato", remarcó.

Eso sí, la mejora de las condiciones no implica que la sanción se haya suspendido. Primero tiene que superar una nueva inspección sanitaria. Los técnicos municipales ya estuvieron en la vivienda la semana pasada, pero aún no hay propuesta definitiva.

"Se preocupan tanto de un animal, pero no de la gente que se muere en la calle sin una manta", aseveró Covadonga.

Consultado al respecto, el concejal de Medio Ambiente de Santa Cruz, Carlos Correa, aseguró que el servicio había recibido unas 70 denuncias relacionadas con este caso, "por tener el perro atado todo el día, y a veces con sol", cuando la ordenanza municipal no permite más de dos horas seguidas.

"Por eso se abrió el acta con la propuesta de sanción", indicó. El edil reconoció que la vecina había aplicado las "medidas correctoras" que se le habían propuesto, pero falta ahora conocer la propuesta de resolución de los técnicos. Si finalmente es positiva, el caso podría ser archivado.

La afectada ha realizado, según se puede comprobar en la imagen superior, una caseta de considerables dimensiones con bloques y con el piso de madera.