La condición de refugio pesquero que se impulsa desde el Ayuntamiento de Santa Cruz como recurso para salvar la Cofradía de Pescadores de San Andrés excluiría al restaurante que, desde hace décadas, está ubicado en el inmueble y sirve como recurso para el mantenimiento del colectivo.
Por este motivo, esta será una de las líneas que, en adelante, se negocien en las reuniones que se van a mantener con el Gobierno de Canarias para resolver la complicada situación que afronta ahora mismo la única cofradía de la capital tinerfeña.
La primera de estas citas, tras la celebrada este lunes entre representantes del consistorio, Autoridad Portuaria y pescadores, tendrá lugar mañana. En ella estarán, además del alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, el consejero del sector primario del Ejecutivo regional, Narvay Quintero; el director de Puertos Canarios, Manuel Ortega, y representantes del sector pesquero.
Como punto de partida, desde la administración local se solicitará al Gobierno la incoación de un expediente para la declaración del espigón como refugio pesquero. Pero, paralelamente, también se pedirá un cambio legal.
Y es que si bien la Ley del Suelo recientemente aprobada por el Ejecutivo canario permitiría facultar la declaración de refugio pesquero y, con posterioridad, la reordenación y mantenimiento de la misma bajo tal consideración, la norma no permite, con su redacción actual, los servicios de restauración en los usos y actividades complementarias de las cofradías de pescadores. Sí lo hace en explotaciones agropecuarias.
Se trataría, por tanto, de que el Gobierno inste a la modificación de la ley o, en su defecto, que realice una interpretación flexible sobre el artículo en cuestión, que dé amparo legal a la prestación de los servicios de restauración.
Mientras esto sucede, el trámite administrativo en el que está inmersa la cofradía de San Andrés continúa. Ayer, el presidente del colectivo, José Luis Déniz, presentó el recurso contra la incoación, por parte de la Gerencia de Urbanismo, de un expediente de actividad clandestina por carecer de licencia.
Un procedimiento que, salvo cambios poco probables, acabará como lo hizo en el caso de los quioscos de Las Teresitas: cierre dictado por un juez, salvo que, llegado el momento, lo haga voluntariamente.
De cualquier forma, y según fuentes municipales consultadas ayer, la anulación del PGO, dictada recientemente por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), podría abrir otra puerta a la esperanza de la cofradía. ¿Por qué? Si se confirma esa anulación del PGO también se vería afectado el Plan Especial de Las Teresitas, documento que no contemplaba la cofradía en su lugar actual.