La Fiscalía considera que no se da ninguno de los supuestos para condenar a los exconcejales de Urbanismo, Manuel Parejo y Norberto Plasencia, los técnicos Víctor Reyes y José Tomás Martín y la expresidenta de la comunidad de propietarios del edificio La Ninfa en Ifara, Ángeles Carrillo, de los supuestos delitos de desobediencia, prevaricación administrativa y estafa.

Desde hace veinticinco años, la vecina Isabel Concepción ha venido denunciado las irregularidades que supuestamente se concentran en este inmueble, cuyo derribo parcial fue ordenado en su momento por los tribunales, pero que nunca se llegó a ejecutar.

La Fiscalía, por el contrario, tan solo aprecia que el ayuntamiento incurrió en determinadas actuaciones para "alterar" el contenido de las resoluciones que ordenaban la demolición, pero que en general actuó con el fin de evitar las cuantiosas indemnizaciones a las que tendría que haber hecho frente. Aseguró que en el juicio no se ha demostrado que existiera complicidad entre el consistorio y los vecinos para incumplir la sentencia, sino que ha ocurrido todo lo contrario.

Dijo que el propio tribunal, que sentenció el derribo años después, dio por ejecutado el fallo judicial. Sí considera que podría ser irregular una resolución de 1997 en cuanto a que se estaba favoreciendo al constructor. Descarta un posible delito de estafa a raíz de que la comunidad de propietarios presentase en la vía civil un documento cuyos errores se basaban en las diferencias entre la realidad urbanística y la registral. "No era un título falso, no hubo engaño", dijo.

El resultado de este procedimiento fue clave a la hora de descartar el derribo, pero el Ministerio Público cree que solo se podría hablar de delito si la magistrada "hubiese estado también metida en el cambalache, lo que no me puedo ni imaginar". Cree el fiscal que la estrategia judicial del ayuntamiento fue diseñada por sus propios servicios jurídicos y rechaza que exista un perjuicio claro hacia la demandante.

Por su parte, la abogada de la denunciante mantiene la petición de penas de cuatro años para los exconcejales y técnicos y tres para Carrillo, y cree que los daños sobre su cliente son evidentes en cuanto que su casa se ha desvalorizado tras perder las vistas sobre la bahía de Santa Cruz. Puso sobre la mesa los importantes gastos a los que ha tenido que hacer frente durante estos años y pidió que en ejecución de sentencia se fije la indemnización.

Apuntó que el derribo nunca se llevó a cabo "por motivos desconocidos" y que desde la Gerencia se pusieron todos los obstáculos posibles con este fin. Para ello se habría recurrido a resoluciones, "prevaricadoras y falsas" y a la presentación de proyectos de demolición con datos erróneos, pese a las advertencias y ultimátums de los juzgados. O también a la negativa del ayuntamiento a recurrir en la vía civil, en la que finalmente se descartó el derribo, una vez que se reconoció que la comunidad era propietaria de 113 metros cuadrados más que antes figuraban como públicos.

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