Los exconcejales Manuel Parejo y Norberto Plasencia, el exsecretario de la Gerencia de Urbanismo Víctor Reyes y el exgerente José Tomás Martín negaron cualquier tipo de connivencia con los propietarios del edificio La Ninfa para evitar la demolición parcial del inmueble. Ayer se reanudó la vista -que continuará hoy- por presunta prevaricación, fraude procesal y desobediencia. La acusación particular pide cuatro años de prisión para estos y tres para la presidenta de la Comunidad de Propietarios, Ángeles Carrillo. El Ayuntamiento de Santa Cruz está acusado como responsable civil subsidiario.
La denuncia se centra en el supuesto incumplimiento de una sentencia firme del Tribunal Supremo (TS) que ordenaba el derribo de cinco metros del edificio. Los vecinos de La Ninfa recurrieron a la vía civil, donde se reconocía que apenas se invadían 15 centímetros del aparcamiento, con lo cual no era viable la demolición. Sin embargo, según los peritos que participaron ayer en la vista, el fallo judicial, nunca recurrido por el ayuntamiento, se basó en un levantamiento topográfico erróneo.
Reyes intentó demostrar que siempre hicieron lo posible para cumplir con el fallo del Supremo y no recurrieron el de la vía civil porque lo aconsejaron los servicios jurídicos. Los letrados de la Gerencia no veían muchas probabilidades de que prosperase la apelación y creían que iban a tener que hacer frente a cuantiosos gastos. Además, en caso de que saliera adelante el derribo, el ayuntamiento hubiese debido asumir indemnizaciones millonarias. "Nos dijeron que era una sentencia contundente y clara y no había casi ninguna posibilidad de ganar". Afirmó que no era extraño evitar recursos ni que existieran diferencias entre las propiedades municipales registradas y el inventario del ayuntamiento. Parejo se limitó a ratificar su declaración en el juzgado.
Carrillo indicó que se enteraron de que había problemas con la licencia, pero los abogados no le dieron importancia. Después de los litigios que anularon la autorización y dieron vía libre al derribo, iniciaron el pleito civil que ganaron. Negó amistad con algún procesado o que se hubiese reunido con ellos. Solo conocía a Plasencia por ser vecino, pero recordó que firmó en contra de la construcción del edificio.
Este último dijo que solo fue concejal de Urbanismo de 2002 a 2003 y justificó su inicial oposición al inmueble porque vivía al lado y los vecinos estaban en contra. "Es como si alguien firma en contra del puerto de Granadilla", dijo. Como responsable de la Gerencia, sí impulsó la redacción de un proyecto de demolición que se llegó a adjudicar, pero luego fue descartado.
El exgerente declaró que no tenía nada que ver con cuestiones jurídicas y que si el derribo no se llevó a cabo "se debió exclusivamente a una decisión judicial". Su papel se limitó, por lo tanto, "a ejercer en alguna ocasión de interlocutor cuando me lo requirieron". Rechazó haber dado orden alguna de no recurrir el fallo en la vía civil. Ninguno de los procesados quiso responder a las preguntas de la acusación.