En un giro más sobre el controvertido asunto del Valle de Las Huertas, en San Andrés, la Gerencia de Urbanismo de la capital ha recurrido la sentencia dictada el pasado marzo por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Santa Cruz de Tenerife, que anulaba el decreto dictado en 2014 por el alcalde, José Manuel Bermúdez, en el que instaba a Francisco Albendín, vecino de Las Huertas, a desalojar de manera inmediata la parcela B2 (finca primitiva número 99).

A este recurso de la Gerencia se ha sumado también Desurcic, empresa filial de Mapfre que debía urbanizar el entorno.

En el recurso, al que se ha opuesto ya el representante legal de los afectados, Sebastián Marqués, la Gerencia sostiene que es poseedora y titular de los terrenos sobre los que Francisco Albendín y su mujer, Jacinta Baute, tienen su casa y su huerta.

Según argumenta Urbanismo, el consistorio es dueño de los terrenos en cuestión por la aprobación del Proyecto de Reparcelación, cuestión que rechaza Marqués con dos argumentos.

Por un lado, porque "la posesión que exige el expediente de recuperación posesoria y, por tanto, el decreto del alcalde, es posesión material, siendo evidente que la posesión de los terrenos la tiene Francisco Albendín y Jacinta Baute desde que los compraron en 1981, y que el ayuntamiento nunca la ha tenido".

Por otro, porque "ni siquiera es cierto en el plano teórico o abstracto que el ayuntamiento disponga de algún tipo de posesión mediata, porque el Proyecto de Reparcelación invocado por la Gerencia como título no conlleva en este caso atribución de posesión ni detentación, principalmente, porque el Proyecto de Compensación fue anulado por dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC)".

En la misma línea, la Gerencia de Urbanismo también mantiene que es titular de derecho de la propiedad de los terrenos por haberse producido la expropiación de los mismos. Y para ello se basa en un certificado elaborado por los Servicios Jurídicos en 2015, que hace referencia al proceso reparcelatorio que se realizó en 2009 por la Junta de Compensación. Un documento que, a juicio del abogado de los Albendín, "produce muchas incertidumbres".

Es más, Sebastián Marqués cree que el certificado "contradice" la posición del ayuntamiento, pues en un acuerdo plenario de marzo de 2009 se estableció que se "reputarían" las fincas como no expropiadas y se reconoció el derecho de los titulares -Albendín y Baute- a recibir los beneficios y cargas derivados del planeamiento.

Marqués estima también que el citado documento va en contra de la línea del consistorio, pues en una asamblea General de la Junta de Compensación, en 2014, los representantes municipales defendieron que la expropiación de los terrenos de Albendín no estaba, "ni mucho menos", expropiada.

El representante legal de estos dos residentes en el Valle de Las Huertas considera "muy revelador" que el recurso de apelación de la Gerencia hable de una "supuesta expropiación" cuando el certificado no menciona expropiación alguna y, ni siquiera, "se atreve a calificar el dinero consignado como justiprecio. Lo califica como importes consignados en el marco del proceso reparcelatorio".

Y recalca que pretender acreditar "ni más ni menos" que una expropiación sobre unos terrenos con base exclusiva en este documento demuestra la "flagrante inexistencia de argumentos, rayando la posible mala fe y temeridad de la posición de la Gerencia actual", pues de haber existido realmente la expropiación que ahora invoca Urbanismo en este proceso, "podría haber aportado alguno de los muchos documentos que se producen por la tramitación de un procedimiento expropiatorio".