"El artículo 527 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que no hay plazo para solicitar la ejecución provisional. Pero esa es la pura teoría; la práctica diaria de la jurisprudencia en este país dice otra cosa, totalmente contraria. En este sentido, existe el riesgo de no poder pedirla en la práctica si no se hace en unos días, diría que con la próxima semana como límite". Así se manifestó un experto consultado por EL DÍA sobre lo anunciado por el Ayuntamiento de Santa Cruz los últimos días en el sentido de que "hay plazo suficiente" para pedir la ejecución provisional de la sentencia del caso Las Teresitas.

La fuente añade: "En cuanto los originales lleguen al Tribunal Supremo en Madrid, la situación se complica. Si se reclama desde aquí que se deduzca testimonio, solo es posible hacer fotocopia allí y enviar los documentos otra vez a Santa Cruz. En la práctica, ya no será posible la reclamación de la ejecución provisional".

Por lo tanto, "no sería razonable perder ni un solo instante porque si, como consecuencia de ese retraso no se pudiera recuperar el dinero reclamado (unos 109 millones de euros en total), podría existir responsabilidad patrimonial".

Por otro lado, el jurista recuerda que "lo que han solicitado la Fiscalía y la acusación particular con base en el artículo 505 de la misma ley es la celebración de la comparecencia o vistilla. En ese marco, tras escuchar al Ministerio Fiscal y a las defensas, el juez decidirá". El análisis concluyó con la idea de que "caben varias posibilidades, no solo medidas punitivas de privación de libertad, sino también restrictivas de la misma como la retirada del pasaporte o la obligación de firmar cada cierto tiempo en el juzgado".

La tesis del ayuntamiento es que dispone de "plazo suficiente para solicitar, si así lo decide, la ejecución provisional de la responsabilidad civil de la sentencia".

El artículo 527 de la Ley de Enjuiciamiento Civil señala textualmente que "la ejecución provisional podrá pedirse en cualquier momento desde la notificación de la resolución en que se tenga por interpuesto el recurso de apelación, o en su caso, desde el traslado a la parte apelante del escrito del apelado adhiriéndose al recurso, y siempre antes de que haya recaído sentencia en este".

La concejala responsable de los servicios jurídicos, Marisa Zamora, reiteró, como en la Comisión de Control, la Corporación "no está limitada por ningún plazo a la hora de solicitar la ejecución provisional de la sentencia y que esta petición se puede formalizar en cualquier momento del proceso, antes de que haya una resolución firme sobre la casación".

El ayuntamiento "continuará con el ejercicio de aquellas actuaciones procesales que sean necesarias en defensa del interés general de todos los santacruceros y sobre todo en la recuperación del dinero público invertido en la compra de los terrenos". Zamora recordó: "No se ha ejercitado nunca desde aquí la acción penal y sí la civil para el caso que se declarara la responsabilidad penal".

"Un engaño"

"El grupo de gobierno sigue engañando a la ciudadanía al decir que estudia recurrir". Así se manifestó el portavoz municipal del PSOE, José Ángel Martín, quien denunció que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife "no ha contactado con los abogados que les han venido representando en la parte penal del Caso Las Teresitas.El bufete que representa al consistorio no ha recibido orden alguna sobre qué les corresponde hacer ahora". Martín añade: "El alcalde ni siquiera ha llamado a sus abogados para decirles qué deben hacer". La preocupación de los socialistas, según planteó Martín, "es mayor tras la escandalosa Comisión de Control del pasado jueves. En ella, la responsable del Servicio Jurídico, Marisa Zamora, rechazó pedir ya los 100 millones que corresponden al ayuntamiento. Sin medidas cautelares no se podrá garantizar que se reciba la indemnización y siempre seguirá el riesgo de alzamiento de bienes".