Cuestiones procedimentales retrasan sin fecha la continuación del juicio sobre una presunta prevaricación, desobediencia y fraude procesal contra los exconcejales de Urbanismo de Santa Cruz Manuel Parejo y Norberto Plasencia, el exsecretario y el exgerente de este organismo autónomo, Víctor Reyes y José Tomás Martín, la presidenta de la comunidad de propietarios del edificio La Ninfa, Ángeles Carrillo, y el ayuntamiento como responsable civil subsidiario.
En concreto, se trata de dilucidar si es válido el escrito de acusación presentado ayer por la denunciante y cuyo carácter extemporáneo ha sido cuestionado por las defensas y la Fiscalía. La propia representación de la acusación particular admite que en el nuevo documento se han intentado solventar algunos "involuntarios errores materiales".
Las penas solicitadas ahora abarcan desde los cuatro años de prisión para Plasencia, Martín, Reyes y Parejo por supuesto fraude procesal y 12 de inhabilitación por el resto de supuestos delitos para los tres primeros, diez de inhabilitación por prevaricación para el exconcejal de Urbanismo y tres de cárcel para Carrillo por presunto fraude procesal. El juicio generó expectación al estar varios acusados condenados en primera instancia por el caso Las Teresitas. Además, se exige el desembolso de las cantidades que se determinen en la ejecución de la posible sentencia condenatoria.
La propia Fiscalía no detecta la existencia de delito y apunta la posible prescripción del uso de documento falso, del que inicialmente se acusaba a Parejo, entre otras irregularidades. Hechos que, bajo su punto de vista, no impiden la celebración del juicio, pero que en todo caso implicarían la imposición de las penas mínimas previstas. No obstante reconoce el derecho a la denunciante para actuar como acusación particular.
La abogada que defiende a la vecina, Isabel Concepción, dijo que esta había actuado como "estandarte de la legalidad" y considera que se le debe compensar por los numerosos gastos que ha originado el procedimiento, que se extiende a lo largo de más de una década. Otro tanto ocurre con el lucro cesante y la pérdida de valor de su vivienda por la construcción de esta "mole urbanística" que le impide tener vistas directas a la bahía de Santa Cruz.
El abogado de Reyes habló de "falta de respeto" por la presentación del documento a última hora, pidió la nulidad del procedimiento y dijo que no cabe hablar de daños ya que el edificio está en el casco urbano y por lo tanto expuesto a impacto visual. Los gastos que implicaría la redacción del proyecto de demolición cuantificados en 315.000 euros los asumiría el ayuntamiento y no los acusados.