El PSOE de Santa Cruz "lamenta que diez días después de la sentencia del caso Las Teresitas CC no se haya disculpado por que algunos de sus principales dirigentes prevaricasen y malversasen más de 50 millones de las arcas del ayuntamiento". El Grupo Municipal Socialista "volverá a pedir al pleno de mayo la más absoluta repulsa contra la corrupción".
El portavoz socialista, José Ángel Martín, recuerda que "el alcalde rechazó una moción de urgencia sobre este asunto en el pleno de abril, celebrado apenas 24 horas después de que se conociese la sentencia". "Aunque me apena, no me extraña que pasen de puntillas sobre el mayor caso de corrupción de Canarias, ya que tres concejales del actual grupo de gobierno votaron a favor de esta compraventa ilegal", añadió.
Así, Martín insiste en que "tanto los nacionalistas Dámaso Arteaga y José Alberto Díaz-Estébanez, como el popular José Carlos Acha formaban parte del equipo de Zerolo". En esa línea, explica que "incluso Díaz-Estébanez y Arteaga aparecen en la sentencia, en el primer caso como el teniente de alcalde que tuvo que transferir el dinero para pagar esta ilegalidad". También en ese periodo formaron parte de la lista de Zerolo "políticos a los que CC mantiene en cargos, como la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, o el viceconsejero de Empleo y Emprendeduría, Emilio Atiénzar".
El líder de los socialistas cree que, "como mínimo, deberían reconocer que se han equivocado, pero ni siquiera han tenido la dignidad de pedir disculpas". El PSOE solicitó el pasado martes la adopción de medidas para recuperar los más de 100 millones de euros como indemnización.
"Hay varias líneas en las que actuar", aclaró Martín, que detalla que se ha pedido "la actuación inmediata para requerir la ejecución provisional de la sentencia". Además de la indemnización, que según el artículo 989 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se puede reclamar aunque no sea todavía firme, se solicita ejecutar todas las medidas cautelares para bloquear el patrimonio de los condenados y evitar el alzamiento de bienes. Por último, el PSOE insiste en que el gobierno aparte de sus responsabilidades actuales a cualquier funcionario condenado.