La Fiscalía solicitará a las personas y empresas condenadas en la causa penal de Las Teresitas que incrementen la cantidad de dinero depositada como fianza, presentada en su día, con el fin de garantizar el pago de la responsabilidad civil. La sentencia emitida hace una semana fija las indemnizaciones en alrededor de cien millones de euros, a lo que se debe sumar el treinta por ciento para cubrir costas e intereses. Además de las personas físicas, como son el exalcalde, Miguel Zerolo, el exconcejal de Urbanismo, Manuel Parejo, los empresarios, Ignacio González y Antonio Plasencia y los técnicos, José Tomás Martín y Víctor Reyes, se unen también las jurídicas de las empresas Inversiones Las Teresitas (ILT), Promotora Punta Larga y Promotora Victoria.

En principio se exigió una fianza de 109 millones de euros que a continuación se redujo. Estaban obligados a depositarla los hasta ahora trece acusados de los que finalmente resultaron condenados seis, más las mencionadas empresas. Todos ellos son los que deberán cubrir la cifra final fijada en la sentencia y además incrementando la participación de cada uno.

Nada más emitirse el fallo la Fiscalía requirió a la Sección segunda de la Audiencia Provincial las piezas de situación personal de los condenados. En las mismas se recogen las medidas tendentes a garantizar la responsabilidad civil derivada de los delitos cometidos.

Hace más de un año los entonces acusados tuvieron que aportar en el Juzgado viviendas, apartamentos, coches, fincas, garajes, locales y cualquier otro tipo de propiedad. El objetivo era cubrir la posibilidad de que una sentencia les obligará a tener que indemnizar al Ayuntamiento de Santa Cruz, que exigía 82 millones de euros, tal y como finalmente ocurrió.

Desde la Fiscalía se aseguraba ayer que ahora, "dado que la responsabilidad civil que ha fijado el fallo excede con mucho a la fianza que en su día se pidió y como además, se estableció en función de 13 personas acusadas y han sido condenadas seis, es lógico que a éstos últimos se les pida un incremento".

Melchior califica la sentencia de "muy dura"

El presidente de la Autoridad Portuaria, Ricardo Melchior, calificó ayer la sentencia del caso Las Teresitas como "muy dura" cuando no ha habido cohecho. En una entrevista en la Cadena Ser precisó que "nadie ha metido la mano en la lata del gofio", por lo que lamentó que al exalcalde de Santa Cruz, Miguel Zerolo, se le haya condenado a siete años de cárcel por malversación cuando "lleva 15 sufriendo palos de la justicia".

"No me gusta, sinceramente", admitió e incidió en que si el cohecho "no se ha podido probar, no existe". Melchior destacó en España "existe justicia, pero a veces se pueden cometer errores".

José Pérez Ventura, letrado de la acusación particular, calificó en el mismo foro de "lamentable" lo dicho por Melchior porque "los siete años es lo que establece el código penal por la malversación. Y esta es una de las mayores, si no la mayor, en la historia de Canarias". Explicó, además, que "lo que se solicita es la ejecución provisional de los pronunciamientos civiles de la sentencia para que, sin ser aún firme, pueda ejecutarse en cuanto a las indemnizaciones derivadas del hecho delictivo".

Y añadió Pérez Ventura: "La indemnización tiene como objetivo recuperar el dinero público malversado para el ayuntamiento y el pueblo de Santa Cruz. El alcalde está tardando pues en emitir instrucciones a los letrados para que insten a la ejecución provisional. Cuidado porque se le puede pasar el arroz. Una vez preparado el recurso de casación y los autos se remitan al Tribunal Supremo ya no será posible pedir la ejecución provisional. Es cuestión de días y hay que hacerlo ya".

¿Resolución del Tribunal Supremo en prisión?

Los condenados en el caso Las Teresitas podrían conocer en prisión la respuesta del Tribunal Supremo a los recursos que presenten. Según fuentes consultadas, todo apunta a que tanto la acusación popular como la Fiscalía pedirán la celebración de una comparecencia para dilucidar la situación personal de los condenados, es decir, una vista en la que se solicitará el ingreso en prisión provisional hasta que haya sentencia firme. Tras convocarse esa comparecencia, la Audiencia Provincial tiene tres opciones: la prisión sin fianza, la prisión con fianza o la libertad.

"CC debe asumir responsabilidades"

La acusación particular, por otro lado, insiste en que "CC no debe mirar para otro lado. Santa Cruz tiene hoy dos concejales (Dámaso Arteaga y José Alberto Díaz Estébanez) que lo eran en 2001 y votaron a favor del convenio urbanístico. No tienen responsabilidades penales pero sí políticas".