El próximo lunes, día 8, comienza el juicio oral por el denominado caso La Ninfa, que sentará de nuevo en el banquillo, entre otros, a tres condenados por la reciente sentencia del Caso Las Teresitas: el exconcejal de Urbanismo, Manuel Parejo, y los funcionarios Víctor Reyes y José Tomás Martín. Además del exedil en la etapa como alcalde de Miguel Zerolo, Norberto Plasencia. La Fiscalía no vio en su día -enero de 2015- delito, pero el Juzgado apreció indicios suficientes para abrir la vista por "prevaricación, estafa procesal y desobediencia a la justicia".
El titular del Juzgado de Instrucción número 3, que actuó en primera instancia, decidió dictar "la apertura del juicio oral interesada por la acusación particular, habida cuenta de que constan indicios racionales". La Sección Quinta de la Audiencia Provincial, en una diligencia fechada el pasado 1 de marzo, señala los sesiones para los días 8, 9 y 10 de mayo.
El origen del procedimiento, en el que testificarán 17 personas y expondrán conclusiones tres peritos, se remonta a 1995. Además de exconcejales y funcionarios está acusada la expresidenta de la comunidad de propietarios del edificio del número 10 de la calle Rubens Marichal López.
El proceso comenzó hace 22 años, cuando la vecina situada frente al inmueble La Ninfa recurrió la licencia de obra otorgada por incumplir en ocho metros el retranqueo del parquin público aledaño.
El TSJC declaró la licencia ilegal el 26 de noviembre de 1997 y lo confirmó el Supremo el 4 de marzo de 2002. Sin embargo, la Gerencia de Urbanismo, "consciente de las irregularidades", dio otra licencia de reformas que "no suplía o paliaba las deficiencias".
El TSJC requirió en 2002 a Urbanismo para que presentara un proyecto de demolición en un mes. En el mismo "tan solo habría que demoler dos metros", detalla la acusación particular. La comunidad de propietarios demandó al Ayuntamiento de Santa Cruz porque había "invadido su propiedad en una franja de 113 metros cuadrados". Ganaron el juicio en 2004 y el ayuntamiento no recurrió.
Un auto del TSJC de abril de 2008 dio por ejecutada la sentencia de 1997, pues al devolverle el terreno, La Ninfa solo incumplía el retranqueo en "15 centímetros", por lo que "no era necesario demoler".