El resumen final es que restan pocos días para que Julio Rivero y su madre enferma, de 83 años, sean desahuciados. Lo que hay detrás es una larga historia que comenzó en 2002, cuando la vivienda afectada, el número 90 de la Carretera General del Sur, a la altura de Barranco Grande, fue utilizada como aval en un préstamo bancario.

Rivero y su progenitora habitan en esta casa desde junio de 2015, tras perder, por razones económicas, la vivienda que era de su propiedad, justo al lado de la que habitan ahora, el número 88. Les fue cedida por la dueña, ahora internada en un centro de mayores.

Ya por ese entonces, la casa pertenecía al Banco Santander, que la había adquirido en septiembre de 2014 en una subasta por 151.000 euros, aunque pesaba sobre la propiedad la resolución de un recurso de prejudicialidad. Es más, la adjudicación definitiva de la vivienda a terceros no se produjo hasta junio de 2016. En 2002, la casa había sido tasada en 171.000 euros.

Fue el momento en el que la propiedad sirvió de aval en un préstamo de 83.000 euros que solicitó la hija del dueño -ya fallecido- y su pareja para, precisamente, comprar una casa, según relata ahora su hermano José Manuel.

Durante ese periodo, cuenta este vecino, "ni el banco ni el notario se ocuparon de controlar el dinero prestado. Fue una negligencia por su parte". Y es que, pasados cuatro años, en 2006, el mismo familiar, según el relato de José Manuel, pidió una ampliación del crédito de 60.000 euros, con el mismo aval.

Por ese entonces, su padre ya había sido diagnosticado oficialmente de alzhéimer. José Manuel considera, no obstante, que también lo estaba en 2002, cuando firmó por primera vez como avalista. Y por ahí han girado los recursos judiciales presentados.

"Si no es un delito es una irregularidad como un día de fiesta", recalca, sobre la supuesta falta de control del dinero que se le prestó a su hermana.

Con la hipoteca de su hermana sin pagar desde 2011, en 2012 se paró la primera subasta de la vivienda, y en 2014 el asunto fue denunciado por lo penal, vía en la que José Manuel confía que se declare la nulidad de todo el proceso y la vivienda, con local comercial, sea devuelta a su madre, de la que es el tutor legal.

Mientras eso ocurre, Julio Rivero y su progenitora siguen amenazados por el desalojo, previsto para finales de este mes, y José Manuel sigue recibiendo llamadas de la entidad financiera ofreciéndole cierta cantidad de dinero para tratar de facilitar la salida de los inquilinos, a los que les han rechazado un alquiler social.

El último paso dado por los afectados ha sido poner en conocimiento de los Servicios Sociales de Santa Cruz su situación.