El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, y el decano del Colegio de Abogados, José Manuel Niederleytner, suscribieron ayer, junto a la concejala de Vivienda, Carmen Delia Alberto, una adenda al convenio firmado en diciembre, tras su aprobación el pasado 20 de febrero por la Junta de Gobierno para asesorar a los ciudadanos con menos recursos en la posible reclamación sobre cláusulas suelo.
Bermúdez hizo referencia a "la ayuda a las personas que más lo necesitan en forma de asesoramiento jurídico. No tenemos constancia de que este servicio lo ofrezcan otros ayuntamientos en Canarias. Somos pioneros como sucedió en su día con la intermediación hipotecaria o el Protocolo Antidesahucios".
Alberto precisó que el coste de este asesoramiento "es de 100 euros y podrán acceder a él aquellas personas cuyos ingresos brutos de la unidad familiar no superen en 3 veces el IPREM hasta calcular una renta anual inferior a 19.170 euros. Si la resolución del caso es negativa, el ayuntamiento se haría cargo del coste de este servicio a través de Viviendas Municipales".
Niederleytner manifestó su satisfacción por la firma y precisó que el momento actual "hace que surjan unos derechos para todos los consumidores, que, ahora, pueden iniciar unos procesos de reclamación en los que estamos dispuestos a colaborar. Este asesoramiento previo es necesario porque aún hay gente que no sabe si tiene o no cláusula suelo en sus préstamos hipotecarios".
La adenda suscrita ayer fija los criterios que han de reunir aquellos que soliciten la reclamación según lo previsto en el Real Decreto-Ley 1/2017. Podrán beneficiarse "las personas, familias o unidades de convivencia residentes en el municipio que sean propietarios de una vivienda que constituya su domicilio habitual y para su adquisición hayan suscrito un contrato de préstamo o crédito con garantía hipotecaria que incluía un límite a la baja de la variabilidad del tipo de interés".