Todos los grupos políticos en el Ayuntamiento de Santa Cruz avalaron ayer el nivel profesional de los miembros del Tribunal Económico-Administrativo, "el gran desconocido para la opinión pública", como lo calificó el portavoz socialista, José Ángel Martín, y su labor. En la sesión plenaria de ayer fue presentada la Memoria del período 2014-2015, un extenso y detallado documento de 34 páginas. El presidente del organismo y profesor de Derecho Tributario, Francisco Clavijo -le acompañaron la secretaria, María José Gómez Padilla, y el vocal, a la vez secretario del pleno, Luis Prieto-, desglosó las reclamaciones en el ámbito económico y en los límites del término municipal de los dos últimos ejercicios. En 2014 fueron 104 las presentadas y 100 resueltas, con 68 desestimadas. Las principales fueron sobre conceptos tributarios y dentro de este capítulo en relación al IBI (33), el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos (33) o las tasas y otros ingresos (26). En el año 2015 fueron 121, 98 de ellas resueltas. Trece fueron archivadas, 29 estimadas integralmente, una parcialmente y 55 desestimadas. Francisco Clavijo Hernández quiso desarrollar ayer, en su alocución ante los concejales, cinco aspectos que consideró fundamentales a la hora de hacer el balance de este órgano administrativo municipal. En primer lugar, dejó clara la diferencia entre precio público y precio privado. También desglosó el protocolo establecido en la legislación respecto a la inadmisión de reclamaciones y, además, concretó la "revisión" de las actuaciones de la administración pública; la normativa en cuanto a la notificación de los actos tributarios o aspectos concretos de la tasa de basura y su aplicación según la distribución geográfica de los distintos núcleos del municipio capitalino. Lo hizo con ejemplos concretos. Pedro Fernández Arcila, portavoz de Sí se Puede, le recordó al presidente del Tribunal la reclamación que, en nombre de su grupo político, presentara en el año 2015 respecto a la posibilidad de reclamar a Metropolitano el pago de una tasa por el paso del tranvía y la ocupación de suelo público municipal. A día de hoy no hay todavía resolución. Arcila adelantó que "creemos que el expediente no ha llegado aún completo al Tribunal porque no lo ha remitido el área correspondiente". El presidente reconoció que era así y no podían resolver.
