La mayoría de los abogados de las defensas de los once acusados del caso Las Teresitas coincidieron ayer en sus intervenciones en cuestionar los criterios por los que se ha absuelto al exinterventor Antonio Messía de Iraola y al exsecretario José Eugenio de Zárate.

El letrado Eduardo García Peña, que representa al exedil de Urbanismo Manuel Parejo, consideró que desde la Fiscalía Anticorrupción se habían premiado las intervenciones de ambos funcionarios en las que acusaban a su representado de parte de lo ocurrido. Sostuvo el abogado que no se debe utilizar la declaración de un acusado contra otro, tal y como ocurrió en estos casos. Por lo tanto, concluyó que "son evidentes" las razones por las que ambos han quedado fuera de la causa.

Ladislao Díaz, representante del exsecretario de Urbanismo Víctor Reyes, manifestó que desconocía los criterios para absolver a unos y no a otros. Criticó que la fiscal, María Farnés, se haya marcado el objetivo de condenar a Parejo y para ello se utilizaran las palabras de Messía, en las que aseguraba que si hubiese contado con todas las tasaciones, su dictamen habría sido distinto. Unas declaraciones que considera "inverosímiles" a la vez que recuerda las distintas versiones que ha ofrecido durante esta causa y que concluyeron con su declaración en la que confesó sentirse "engañado", en cuanto no pudo cumplir con su función de informar sobre el expediente.

En el mismo paquete incluyó a Zárate, para concluir que ambos hicieron un "esfuerzo denodado" para no seguir en condición de acusados. Algo muy similar habría ocurrido con el intento del exgerente de Urbanismo José Tomás Martín, quien se distanció "en plan criminal" de lo ocurrido y culpó a Parejo.

El abogado del exedil de Urbanismo, por el contrario, pidió su absolución dado que no existe ninguna prueba sólida en su contra. El letrado defensor de Reyes incidió en que el exsecretario no era asesor de nadie y su papel se limitó a emitir los informes que le pedían, "pero nunca decidió nada". En cuanto a que conocía las tasaciones que no fueron incluidas en el expediente, indicó que se limitó a firmar los pagos.

Jorge Manuel García Prieto, abogado del exconcejal socialista Emilio Fresco, dijo que la decisión de absolver a los dos funcionarios le parece "equilibrada y justa", pero recordó que el grupo socialista concretó su voto en base a que estos informes eran positivos sobre la operación de compraventa. La decisión de dejarlos fuera de la causa la justificó también como un premio a la respuesta que ofreció Messía quejándose de haber sido engañado. "Lo cierto es que a la misma pregunta que le hicieron a mi representado, este dijo que como mínimo hubiera preguntado por qué no estaban todas las tasaciones en el expediente".

Por ello señaló que la absolución se basó en haber dado una respuesta que estaba de acuerdo en la tesis de la Fiscalía . Razón por la que tachó de "incongruencia" que a Fresco se le exija saber de urbanismo y derecho, mientras que a los dos funcionarios se les absuelve cuando son "profesionales y especialistas". En el caso de Fresco recordó que no tenía dedicación exclusiva y su obligación como concejal se limitaba a poco más que asistir a los plenos, por lo cual previamente accedía a los expedientes.

Una simple "negligencia"

El abogado Jorge Muñoz, que ejerce de defensor del exalcalde Miguel Zerolo, admitió que se actuó con "negligencia" al no incluir en el expediente la tasación de la arquitecta municipal Pía Oramas, junto con la de Carlos III y la Paul Gest. Pero acto seguido calificó de "infantil" apelar a un complot para que estos trabajos nunca vieran la luz por fijar un precio muy inferior al pagado.

Defendió que Zerolo había desempeñado un papel estrictamente político en esta trama. Sobre el fax enviado desde Alcaldía a las 9:45 a una empresa tasadora remitiéndole una nota simple registral, el abogado utilizó un argumento que provocó risas entre los asistentes: "No podía ser el alcalde porque todo el mundo sabe que a Zerolo no le gusta madrugar". Dijo que a su defendido se le ha investigado su patrimonio hasta en el calcetín sin lograr ningún resultado, por lo que en 2011 quedó rechazado el cohecho.

Redundó el letrado en que la operación era un buen negocio si se tiene en cuenta que solo con la cesión del hotel en la batería militar y el centro de talasoterapia que se iba a ubicar en el final de la playa se compensarían los 53 millones de euros empleados en adquirir el frente. "La compra iba a salir prácticamente gratis".

Recordó los derechos adquiridos que tenían los propietarios en 2001 y por ello negó que se pudiera recurrir a otras soluciones como la expropiación, el traslado de edificabilidad a los valles o la permuta, alternativas que calificó como "locura". Dijo que detrás de esta causa solo está el interés de Zerolo por resolver un problema histórico y negó connivencia con los propietarios al repasar los desencuentros que tuvieron lugar entre ambas partes. Por ejemplo, cuando el ayuntamiento le ponía pegas para construir. O cuando se negó a aprobar por silencio administrativo el proyecto de urbanización apelando a que la opinión pública exigía que no se construyera en la playa. O el malestar que le manifestaban los miembros de la Junta a través de sus escritos.

Juan Luis Fernández del Torco, abogado del exgerente José Tomás Martín, calificó de "brindis al sol" la imputación de su defendido, recordó que no tenía capacidad decisoria, que el convenio se gestó fuera de la Gerencia y que se limitó a redactar una memoria "que nadie leyó".