En su segundo día de conclusiones la fiscal Anticorrupción, María Farnés Martínez, expuso su teoría de que en la compra del frente de la playa de Las Teresitas existió una complicidad delictiva entre políticos, empresarios y funcionarios. Solo así se entiende que la operación generara unos beneficios de 120 millones de euros para los promotores Ignacio González y Antonio Plasencia. Al pueblo de Santa Cruz, por su parte, le correspondió el papel de "estafado" a causa del "apetito voraz" de los empresarios.

De forma sorpresiva la fiscal volvió a plantear el delito soborno, rechazado en 2011, como único móvil para explicar que se compraran terrenos por el doble de su valor; que se permitieran las condiciones para que la trasera pudiera ser vendida por 92 millones de euros en 2006; que se escondieran las tasaciones de menor valor con el fin de llegar al precio acordado y una sarta de irregularidades planteadas los últimos días. Recordó Farnés que el exalcalde Miguel Zerolo permaneció durante meses sin sacar dinero de sus cuentas ni usar tarjetas. En ese período se detectó que González habría escondido 423 millones de pesetas y Plasencia 16 millones de euros.

La fiscal mantiene que los empresarios son culpables de inducir o cooperar en la comisión de los delitos. No alberga duda de que el ayuntamiento fue objeto de una estafa en la que incurrió por la connivencia entre comprador y vendedor. El resultado es "el mayor perjuicio en la historia de las arcas municipales" y unos beneficios para los empresarios producto de su "afán especulativo" que concluyó en un negocio "escandalosamente rentable". En definitiva cree que el pueblo de Santa Cruz "se ha visto traicionado por funcionarios, empresarios y políticos".

No menos dura fue con los técnicos de la Gerencia de Urbanismo: el exsecretario Víctor Reyes, el exinterventor José Luis Roca y el exgerente José Tomás Martín. Ha quedado "acreditado que conocían las intenciones de sus superiores y hubo una plena ausencia de la obligación de cumplir con su deber. Participaron en la trama dándole apariencia de legalidad".

Los acusó de conocer los informes más favorables para el ayuntamiento y ocultarlos, cumpliendo órdenes de Zerolo y del exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo.

De Reyes dijo que sabía de la existencia y contenido de las tasaciones de menor importe. Le acusó de haber presionado a Oramas para que suscribiera otras sin leerlas y de mentir al asegurar que en el expediente estaban todos los informes. De Roca dijo que "iba mucho más allá", al no reconocer "nada" pese a haber autorizado el pago de dos tasaciones y le acusó de falsificar documentos.

Al exgerente le achacó no haber justificado nunca por qué no se recurrió a la expropiación, de decir que el precio no es un elemento esencial en una compra y de tener total conocimiento de que la cifra pactada no era la adecuada.

En definitiva, los acusó de haber "mirado para otro lado", y como compensación recibir ese año una gratificación de 750.000 pesetas en el caso de Reyes y de 355.000 en el de Roca.

"Se pagó la mitad de lo que valían los terrenos"

Juan José Rodríguez, el letrado que defiende al exportavoz del PP, José Emiliio García Gómez, en el juicio de Las Teresitas, considera que no solo el ayuntamiento no pagó el doble por el frente de la playa como sostiene la Fiscalía y acusación particular, sino que en realidad desembolsó la mitad de lo que valía. Y para demostrarlo se basó en el informe de Pía Oramas, al que recurrió en numerosas ocasiones la fiscal, María Farnés Martínez, y más concretamente a la parte en la que calcula la totalidad de los aprovechamientos en 56 millones. A esta cantidad habría que sumarle el valor del hotel que el ayuntamiento podría construir en la antigua batería militar y que técnicos del Gobierno canario tasaron en 58 millones.

El abogado se mostró perplejo por que se retire la acusación al exinterventor y exsecretario que hicieron los informes sobre los que los concejales votaron luego, por estimarse que no se les dio toda la información precisa, y no se haya hecho lo mismo con su defendido. Rodríguez cree que la causa está "intoxicada" por su vertiente mediática, "de tal forma que ya todos son culpables". Acusó a la fiscal de no haber mencionado ni un solo artículo del Código Penal y de atribuirle a un concejal de un grupo minoritario "un plus de conocimiento superior a los funcionarios". Se refirió a la legalidad de todo el proceso apelando a acuerdos de la Comisión del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) y a resoluciones de los consejeros autonómicos, frente a la continuas alusiones al informe de Oramas de la fiscal. Defendió que en la playa era posible "perfectamente" construir los hoteles previstos. Pidió la libre absolución por considerar que no existe el delito de prevaricación por comisión por omisión.

El abogado de la Corporación municipal, Miguel Losada Terrón, defendió la devolución íntegra de lo pagado más los intereses y todo ello por considerar que en la compraventa existió "una nulidad radical del contrato por una causa ilícita".

El letrado de la acusación particular, José Pérez Ventura, se posicionó en la misma línea que la fiscal aunque redundó en la culpabilidad de Carlos Plasencia y Pedro González, hijos de los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González, por considerar que eran tan responsables como los padres. Recordó que ambos participaron en las reuniones más importantes en las que se decidió la compra y tenían poderes para tomar determinadas decisiones.