El exinterventor y el exsecretario del Ayuntamiento de Santa Cruz, Antonio Messía Yraola y José Eugenio de Zárate, respectivamente coincidieron ayer en declarar en la vista oral del caso Las Teresitas que el contenido de sus informes habría sido muy distinto si hubiesen tenido acceso a las tasaciones más bajas realizadas sobre el frente de la playa. Ambos lamentaron que no se les suministró toda la información que era obligatoria para dictaminar sobre la compra de las once parcelas, hecho que, a su vez, dio lugar a que los concejales que votaron a favor lo hicieran sin estar convenientemente aconsejados y que los funcionarios no pudieran llevar a cabo de forma adecuada su labor.
Messía ratificó que nunca se le facilitaron las tasaciones de la exarquitecta municipal, Pía Oramas, la de la Universidad Carlos III, de la empresa Pool Guest y el anexo de la Sociedad de Tasaciones, que fijaban el valor de los terrenos en unos 3.000 millones de pesetas, frente a los 8.700 pagados.
No dudó en señalar que si hubiese tenido acceso a estos estudios, "por supuesto y sin ninguna duda" hubiese variado el sentido de su informe. "Desde el punto de vista de la transparencia y objetividad queda claro que el órgano de control interno y quienes iban a votar el acuerdo desconocían una parte importantísima sobre si estaba acreditado el valor" de los terrenos. Información que calificó de "muy relevante" y que al no haber sido suministrada "altera y por lo tanto desvirtúa" su fiscalización. Dijo que "de ninguna manera el dictamen habría sido el mismo" y da por seguro que hubiese impuesto algún reparo.
Messía cree que fue "engañado" porque "se estaba orientando la dirección del acuerdo en un sentido que desvirtúa totalmente la labor del interventor". Por ello, cuando los portavoces de los grupos políticos le preguntaban si el expediente era correcto, les daban una respuesta favorable. No obstante, recordó que impuso 12 observaciones de las cuales tres fueron aceptadas. Siempre consideró que debía ser un arquitecto municipal el que llevara a cabo la tasación, lo que no ocurrió porque no se estaba de acuerdo con la valoración hecha por Oramas.
Este informe fue sustituido por otro elaborado por el exresponsable de los servicios económicos, Javier López de Vergara y el exsecretario de Urbanismo, Víctor Reyes, el primero fallecido y el segundo acusado. Con esta decisión "en principio" consideró que "no se podía decir que no cumpliera" con lo estipulado en la legislación. Sin embargo, en 2007 el Tribunal Supremo anuló la compraventa por este motivo.
Zárate sostiene que cuando el expediente se llevó a pleno ya contaba con todos los informes preceptivos y tres tasaciones cuyo importe iba de 7.000 a 10.000 millones de pesetas. Por ello, el precio finalmente pagado le pareció "razonable" dado que se situaba en la media de estas cifras.
En aquel entonces desconocía "totalmente" que había tres tasaciones cuyo valor era notablemente inferior a lo pagado y debían haber figurado en el expediente. Advirtió de que aunque la parte vendedora puede fijar libremente el precio, el ayuntamiento, como institución pública, debe seguir un trámite estipulado.
A preguntas del juez, Joaquín Astor Landete, dijo que si hubiese tenido acceso a estas valoraciones hubiese dictaminado la necesidad de llegar a otro acuerdo para adquirir las parcelas. El exsecretario rechazó así el argumento del exalcalde, Miguel Zerolo, durante su declaración en la que señaló que el precio había sido impuesto por los antiguos propietarios.
La vista oral se da un descanso de tres semanas
El juicio de Las Teresitas se da un descanso de tres semanas. La próxima sesión comenzará con la declaración del empresario Antonio Plasencia, último de los acusados que resta por escuchar. Ayer su socio en Inversiones Las Teresitas (ILT), Ignacio González, se negó a declarar, por lo que la Fiscalía pidió que se leyeran las respuestas dadas en su día en el TSJC. Su hijo, Pedro, solo respondió a su abogado y apenas informó de que ejerció de apoderado de ILT, no tenía responsabilidad en la empresa y tan solo le ponían al tanto de cómo iban las negociaciones con el ayuntamiento y de cuando se cerró el acuerdo. "No tuve conocimiento de todo el proceso negociador en absoluto", dijo. Carlos Plasencia declaró a su abogado que tampoco ostentaba ningún cargo en ILT y que las decisiones las tomaban su padre e Ignacio González. Otro de los acusados que intervinieron ayer fue el interventor de Urbanismo, José Luis Roca, quien justificó las diferencias en las fechas por el cambio de sistema informático que tuvo lugar en la Gerencia en 2001. Dijo que este expediente solo era llamativo por su cuantía, pero que fue tramitado igual que los otros miles que han pasado por su despacho. Tampoco conoció la tasación de la exarquitecta, Pía Oramas, pese a que ambos trabajaban en el mismo edificio. Pese a lo que argumentaba la Fiscalía, cree que el proceso de dos meses para pagar a los empresarios no fue tan rápido como parece.