Un informe elaborado por la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias concluye que era inviable desde el punto de vista legal proceder a la expropiación en cuanto que a los anteriores dueños, Inversiones Las Teresitas (ILT), no se les podía imputar que no hubiesen ejecutado el planeamiento o incurrieran en incumplimientos de las cargas y obligaciones.
De hecho, se advierte de que recurrir a esta vía podría implicar eternizar el conflicto en los tribunales, si la solución final no fuese pactada.
El informe fue elaborado por los técnicos, José Antonio Rodríguez y el jefe de Servicio de Ordenación Urbanística Occidental, Juan José de Olano, en el año 2006. Los abogados defensores de los trece acusados lamentan que la Fiscalía no le quiera dar trascendencia este documento que consideran de gran relevancia. De hecho, estiman que el Ministerio Público "ningunea" esta prueba y que los peritos que han tenido acceso a la misma creen que se debe incorporar al sumario.
La defensa culpa a la Fiscalía de impedir su acceso a los peritos
Aunque los técnicos advierten que no están facultados para tasar terrenos, toman como referencia una parcela en la avenida Tres de Mayo con un valor de 52 millones de euros y una edificabilidad de 5.275 metros cuadrados. A partir de aquí indican que si estos datos se extrapolaran a la batería militar en la que el Ayuntamiento puede construir un hotel, el resultado sería un valor de 54,6 millones, superior al de la compra.
Para llegar a estas conclusión los técnicos indican que la parcela tiene un aprovechamiento de 40.000 metros cuadrados, una situación singular a la entrada a la playa, la exclusividad de uso hotelero, por lo que es considerada "una pieza sumamemente atractiva para el sector".