El abogado de uno de los trece procesados en el caso Las Teresitas por un presunto pelotazo por el cual el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife adquirió por 52,3 millones de euros terrenos en la playa del mismo nombre, ha cuestionado hoy que la arquitecta Pía Oramas intervenga en el juicio como perito y no cobre.

Entre los acusados en este caso están el exalcalde de la capital tinerfeña Miguel Zerolo (CC); el exconcejal Manuel Parejo (CC), y los exportavoces de PSOE y PP, Emilio Fresco y José Emilio García Gómez, respectivamente, así como los empresarios Antonio Plasencia, Carlos Plasencia, Ignacio González y Pedro González.

También están acusado el exsecretario general municipal Eugenio de Zárate, el exgerente de Urbanismo José Tomás Martín y los funcionarios Antonio Messia, Víctor Reyes y José Luis Roca.

En la sesión de hoy el abogado de José Luis Roca preguntó a Pía Oramas, que fue la que en 2001 y como arquitecta municipal tasó los terrenos en 18 millones de euros, que dónde había obtenido los documentos que utilizaba como perito, a lo que respondió que lo había solicitado a las administraciones para preparar su intervención.

Pía Oramas, que con anterioridad había intervenido en este juicio como testigo, también fue cuestionada por el abogado acerca de cuál era su interés como perito ya que, añadió, el resto de peritos reciben un abono económico, a lo que el juez, Joaquín Astor, replicó que se trataba de una profesional que había sido citada para este caso.

El abogado insistió en que el resto de peritos actúan en el juicio "bajo un mandato retributivo" y añadió que no alcanza a comprender los motivos de Pía Oramas, por lo que quiso saber si la actualmente arquitecta del Cabildo de Tenerife tiene algún interés personal.

Replicó Pía Oramas que el único interés que tiene al intervenir como perito es trasladar a los jueces con la mayor claridad posible sus conocimientos.

La actuación de Pía Oramas también fue cuestionada al ser preguntada acerca de cómo había obtenido determinado documento, y en este caso también respondió el juez para recordar que todos los peritos tienen la información que precisan para ejercer esa función durante el juicio.

Pía Oramas es una de las doce peritos que intervienen en este juicio, entre ellos dos judiciales, Fernando Hernández y Alberto Núñez, dos de Sociedad de Tasación y dos de Tinsa, además de cinco solicitados por las defensas de los acusados.

Los peritos discrepan en el valor de los terrenos y en si era posible edificar en ellos, de forma que para los que actúan en representación de los acusados se podía construir y el precio era el que pagó la corporación municipal o aproximado.

La Fiscalía Anticorrupción, que pide ocho años de prisión para Zerolo y para Manuel Parejo, y cuatro años para el resto de acusados, acusa a los imputados de "comportamiento arbitrario y postura antieconómica e irracional en la fijación del precio pagado a los empresarios", que obtuvieron un lucro final de 39,4 millones de euros a costa de "las arcas municipales y en definitiva, al pueblo de Santa Cruz".