Uno por uno los ocho concejales que en el día de ayer prestaron declaración en la vista oral del caso de Las Teresitas coincidieron prácticamente en los mismos argumentos, como si de una organizada coreografía se tratara: votaron a favor de la compra del frente de la playa porque evitar la construcción de hoteles en este ámbito era un clamor popular, los informes de los secretarios e interventores municipales y de la Gerencia de Urbanismo garantizaban la legalidad de la operación, no se puso en peligro la estabilidad presupuestaria y no hubo ninguna indicación expresa para que votaran en uno u otro sentido. Eso sí, todos y cada uno de ellos aseguraron desconocer que existía una tasación hecha por la arquitecta municipal, Pía Oramas, que fijaba el valor de los terrenos a un precio mucho menor del pagado y que no se incluyó en el expediente.
Ayer declararon cinco concejales de Coalición Canaria (CC): Norberto Plasencia, Ilda Romana López, María del Rosario Pino, Emilio Atiénzar e Hilario Rodríguez, dos del Partido Popular (PP), José Adrián García Rojas y María Gutiérrez Pajarón, y uno del mixto, David Sáenz. El primero en hacerlo fue Plasencia, condenado a tres años de cárcel por el caso mamotreto, que mantuvo los argumentos de forma milimétrica. En su caso se da la circunstancia de que era responsable en aquellos tiempos de la Concejalía de Infraestructuras, razón por la cual aseguró que el Ayuntamiento jamás había comprado terreno alguno y menos por ese importe. Lo más que habían hecho fue llevar a cabo expropiaciones para ejecutar la vía arterial del barranco de Santos. No recordaba que la Corporación local hubiese adquirido suelo para el Parque Tecnológico, como le apuntó la acusación popular. "Todo lo relacionado con Las Teresitas era por aquella época un clamor popular y un asunto trascendental. Yo voté a favor en base a los informes del secretario e intervención y a que había dinero suficiente". Eso sí, no recordaba tampoco si en el expediente se incluían varias tasaciones ni que existía la posibilidad de comprar terrenos que habían sido cedidos previamente al Ayuntamiento.
La concejal Ilda López en aquellos días era responsable de Movimiento Vecinal. La edil avanzó por la misma senda que el resto de sus compañeros. Creía que el precio era el adecuado porque considera razonable que lo fije quien vende, además de que nadie le dio más explicaciones de cómo se había concretado esa cifra. Apenas recordaba que fue el alcalde, Miguel Zerolo, y el concejal de Urbanismo, Manuel Parejo, quienes informaron de los pormenores del acuerdo, tal y como se hacía siempre con los asuntos que iban a pleno. "El expediente estaba limpio porque el secretario e Intervención decían que todo era perfecto". Una vez efectuada la compra, López asegura que recibió felicitaciones por parte de los vecinos de San Andrés.
La exconcejal, María del Pino Capote, declaró que estaba muy ocupada con sus propias responsabilidades y por lo tanto se fio del criterio de los técnico, "que son los que de verdad saben de estos asuntos". No le llamó la atención los más de ocho mil millones de pesetas pagadas, sobre todo porque, dijo, "se logró una magnífica solución para el problema histórico de la playa. Yo por lo menos salí contenta del pleno. Todo lo que he leído después en la prensa no coincide en absoluto con lo que viví en aquellos días", dice.
Emilio Atiénzar calificó de "impoluto" el expediente, si bien es cierto que admitió desconocer si el precio pagado en realidad era "caro o barato, porque no tengo criterio para ello". Recuerda que existía "un auténtico clamor popular para que no se construyera en el frente de la playa" y que este era uno de los puntos principales del programa electoral de Coalición Canaria (CC).
Hilario Rodríguez fue un poco más explícito y demostró tener algo más de memoria que sus compañeros, pero en general su declaración discurrió por los mismos derroteros que los demás. Argumentó que existía un revuelo informativo por aquellas fechas, pero apenas se limitó a ojear el expediente poco antes del pleno. "Lo que no podía hacer era cuestionar a todos los técnicos y a los cuerpos nacionales que le habían dado el visto bueno", valoró.
El PP de aquella época
José Adrián García Rojas, recordó que el portavoz del PP, José Emilio García Gómez, también acusado en esta causa, les informó sobre los aspectos generales de la operación. Él por su parte no hizo nada para comprobar si el precio era el adecuado, aunque da por seguro que García Gómez les dio las suficientes explicaciones de por qué se llegó a esa cifra. Incluso si hubiese tenido conocimiento de la tasación de Oramas, habría votado en el mismo sentido en que lo hizo. Su compañera de grupo era María José Gutiérrez Pajarón, quien tampoco vio el expediente y votó basándose en las palabras del portavoz de que todo era correcto. Eso sí, dice que no detectó ningún interés "exagerado" por parte de García Gómez para defender la operación. David Sáenz se presentó en las filas del PP pero luego pasó al grupo mixto. Zerolo lo puso al frente de Viviendas y Servicios Públicos con dedicación exclusiva. Admitió que tiene negocios en común con Antonio Plasencia, el constructor acusado en esta trama, y que perteneció al CCN, presidido por el hijo del otro promotor inculpado, Ignacio González. Declaró que su voto lo decidió él solo sin ni siquiera ver los informes favorables de los técnicos ni reunirse con nadie. "La compra de la playa era un clamor popular", dijo.