La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz acordó ayer dar traslado al Juzgado de Lo Penal Número 5 de la decisión del Gobierno de Canarias de denegar a la Corporación la autorización para derribar el edificio de aparcamientos de la playa de Las Teresitas.

Al mismo tiempo, el consistorio recuerda que ha dado todos los pasos "políticos" y "administrativos" precisos que están en su mano para dar cumplimiento a la sentencia judicial que obliga, precisamente, al derribo.

Ante la preceptiva solicitud de autorización presentada por el ayuntamiento a la Consejería de Política Territorial para el derribo de la parte del edificio que se encuentra en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre, el Ejecutivo autónomo argumenta su negativa ante el hecho de que el deslinde de la playa aún se está tramitando en la Dirección General de Costas.

En concreto, el informe del Ejecutivo canario señala que "en este tramo de costa existe actualmente un deslinde en tramitación, autorizado el 13 de enero de 2015 por la Dirección General de Sostenibilidad de las Costas y del Mar, e incoado por el Servicio Provincial de Costas de Tenerife con fecha de 4 de febrero de 2015".

Esta eventualidad, en opinión del Gobierno autónomo, impide el otorgamiento de concesiones y autorizaciones en el dominio público marítimo terrestre, en razón de la vigente Ley de Costas.