La vista oral del caso de Las Teresitas avanza, aunque a veces lo hace sobre las lagunas y olvidos de algunos testigos. Ayer le tocó el turno al expresidente de CajaCanarias, Rodolfo Núñez, quien aseguró que en la petición de un crédito por 33 millones de euros para comprar el frente de la playa solo intervino el empresario Antonio Plasencia, como representante de Punta Larga.

Ratificó que desconocía que otro promotor, Ignacio González, quien también era consejero de CajaCanarias, fuese socio de Plasencia. En cuanto a Felipe Armas, que ostentaba el 50% de Inversiones Las Teresitas (ILT), primero negó que entonces supiera de quién se trataba y posteriormente admitió que, tras haber indagado, supo que era un trabajador de González.

La participación de este último en el consejo en el que se aprobó el préstamo le valió una sanción del Banco de España. Núñez dijo que si en ese momento hubiese sabido que González estaba detrás de la operación, no le hubiese permitido permanecer en el consejo. En esa reunión todos los participantes tuvieron acceso a la documentación como era habitual. Lo que no era tan normal era que se registrara una abstención, como ocurrió con Amid Achi.

Este empresario aseguró esta semana que primero se había opuesto y luego cambió a la abstención por presiones y amenazas. Extremos que Núñez dijo desconocer de forma absoluta. Primero, porque, según sostiene, siempre se abstuvo, y en cuanto a lo segundo porque "ni me lo imagino. Me resulta inverosímil", señaló.

Las gestiones para otorgar el crédito se alargaron durante al menos un mes "o mes y medio" y se hicieron contra reloj "por la presión que recibimos". Optaron por no pedir más garantías que los propios terrenos ante la negativa de los empresarios y el temor de que acudiesen a otra entidad bancaria. Admitió Núñez que se trató del crédito más importante que se había dado, al menos, hasta ese momento y que en caso de impago se hubieran quedado con los solares y habría actuado contra los promotores. La fiscal, María Farnés Martínez, cuestionó entonces cómo era posible que sólo conociera a uno. Y es que para Núñez siempre se trató "de una operación de Plasencia", de quien es socio en otras empresas.

El desembolso de varios cheques a lo largo del tiempo por parte del promotor al exdirector de la Caja fue justificado como un préstamo para poder integrarse en una de estas sociedades. Durante cuatro años recibió primero un cheque de 18.000 euros y luego distintas cantidades hasta sumar cuatro millones más. Acto seguido ratificó que "no hay ninguna relación entre ambas operaciones".

Núñez, quien admitió que es militante de Coalición Canaria (CC) desde hace años, aseguró desconocer el contenido del acta de inspección del Banco de España en la que se cuestionaba la tasación y el informe de los inspectores de esta entidad sobre la concesión del crédito. Aunque sí dijo que Tinsa llevó a cabo varios estudios a lo largo del tiempo.

El exdirector sostuvo que lo importante era que finalmente se había cobrado el crédito en las condiciones pactadas, que incluían una período de carencia de tres años, con lo cual los empresarios solo pagaron intereses. La totalidad se abonó cuando el Ayuntamiento compró los terrenos en 2001.

Sobre si el exalcalde, Miguel Zerolo, estuvo en la primera reunión o en la segunda en la que se abordó la petición de crédito, se remitió a las actas en las que figura que sólo participó en esta última. El préstamo se otorgó, entre otras razones, porque se trataba de la única bolsa de suelo en toda la ciudad, junto con Cabo-Llanos, en las que se podía desarrollar una actuación urbanística importante. Está convencido de que Plasencia quería comprar para poder edificar, no con el objetivo de vender y especular.

En contra de lo declarado por el secretario de CajaCanarias, Pedro Afonso, esta misma semana, el exdirector general de la entidad dijo que estaban perfectamente al tanto de que la posibilidad de poder edificar o no en el frente de la playa dependía de una sentencia del Tribunal Supremo (TS).

"Ésta era una cuestión polémica de la que se hablaba en todo Santa Cruz", indicó para concluir.

"Dudas razonables" de que compró lo que ya era suyo

La exjefa de los Servicios Jurídicos municipales, Isabel Cubas, se pronunció en el mismo sentido que lo había hecho un día antes el exabogado de la Gerencia de Urbanismo, Ruymán Torres. Dijo que existían "dudas razonables" de que la Corporación local había comprado terrenos que ya eran de su propiedad y tenía todos los elementos para saberlo cuando se cerró la operación en 2001. Prueba de ello es una escritura en la que el entonces concejal de Urbanismo, Manuel Parejo, supuestamente escribió: "¿Recuperable?". También encontraron una ficha en el inventario municipal en el que se refleja que 67.300 metros cuadrados cedidos por la Junta en su día para construir la playa artificial eran del ayuntamiento porque no se había saldado la deuda pendiente. La liquidación fue encontrada dentro de una caja fuerte, lo que no es habitual, aunque también había sido informatizada y la responsable de Tesorería la tenía localizada. Cubas descarta que la deuda haya prescrito y considera que los hallazgos pueden tener repercusión dentro de la causa penal, más que en la civil. Cuando el alcalde, José Manuel Bermúdez, supo lo de los documentos ordenó remitirlos a la Fiscalía. Sobre el entonces concejal de Urbanismo, José Ángel Martín, aseguró desconocer hasta hace poco que fue el denunciante de la trama. Y que solo le indicó que siguiera el criterio de los letrados municipales.