El concejal de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife, Carlos Garcinuño, dijo ayer que "no temen" acciones legales por parte del arquitecto francés Dominique Perrault, cuyo equipo en España ha denunciado el supuesto plagio que ha hecho el consistorio de la capital con su proyecto de Las Teresitas. "No nos tiene nada preocupados", aseguró.

El edil sostuvo que el ayuntamiento es el "propietario" de un proyecto que ha encargado y, por tanto, la propiedad del documento y la gestión que haga con él "queda fuera de toda duda".

El responsable del área de Urbanismo insistió en que lo que ha hecho el consistorio con el Plan Especial de Las Teresitas es un documento "de ordenación del territorio", y no un proyecto de urbanización ni de ejecución.

Y aseveró que se han seguido en ese plan especial las directrices que marca el Plan General de Ordenación (PGO), aprobado en 2013. No obstante, reconoció que "es cierto que ese PGO recoge muchos de los planteamientos -parcela hotelera, edificio en la cabecera de la playa- que hacía el proyecto de urbanización de Perrault".

"Ellos basan el plagio en esos aspectos que recoge el PGO", aclaró Garcinuño.

El concejal de Urbanismo afirmó que no tiene "constancia oficial" de la queja mostrada en la prensa por el arquitecto francés, a través de sus representantes en España, y afirmó que "estaría encantado" de poder reunirse tanto con él como con su equipo.

El portavoz socialista, José Ángel Martín, sin embargo, insistió en su oposición a un proyecto "que dejaron Miguel Zerolo y Dominique Perrault", que comete los mismos fallos, esto es "especular con la playa", y que supone una inversión cercana a los 40 millones de euros "no para la mejora de una espacio público, sino para privatizarlo".

"Garcinuño no ha sido nada original en la propuesta que ha hecho de la playa. Se ha ceñido a terminar el proyecto heredado y se ha olvidado del proceso ciudadano", recalcó.

Martín remarcó que "nos parece un disparate pagar 10 millones por 380 plazas de aparcamiento cuando hay alternativa", y sostuvo que "defenderán" la propuesta que votaron los ciudadanos.

El concejal socialista pidió "mucho respeto" para el arquitecto francés, pues a ningún artista de su nivel le gusta que le plagien su obra. "Acciones y vías legales para pedir una indemnización tiene", aseguró el edil, quien recordó que el ayuntamiento tiene "experiencia" en tener que pagar "un dineral" a otros artistas a los que maltrataron sus obras, en alusión a Martín Chirino.

"Lo mismo puede dar un caso Perrault, y hay que pagarle algún tipo cantidad por daños y perjuicios o por derechos de propiedad intelectual por el plagio de su trabajo", advirtió.

El portavoz municipal del PSOE avanzó que "después de todo lo que estamos averiguando" tras las presentación del Plan Especial de Las Teresitas "auguramos" una comisión de control "calentita". Previsiblemente se celebrará el tercer jueves de septiembre.

Por su parte, el director técnico de Gestur, Rubén Henríquez, la empresa pública a la que el Ayuntamiento de Santa Cruz encargó el Plan Especial de Las Teresitas, precisó ayer que el citado plan es solo "una propuesta", que no tiene carácter "definitivo".

Con todo, defendió que lo que han hecho es "ampliar" y "mejorar" el proyecto original de Domique Perrault.

Quioscos de la playa

El concejal de Urbanismo de Santa Cruz, Carlos Garcinuño, dijo ayer que "cuando llegue oficialmente" la solicitud de ampliar el plazo para que los propietarios de los quioscos de Las Teresitas presenten sus alegaciones "se valorará" por parte de los responsables de la Gerencia, si bien recordó que este es un expediente abierto "desde 2011". El edil rechazó las afirmaciones realizadas por Antonio López, presidente de la asociación de Quiocos y Bares de la playa, en las que afirmaba que el consistorio pretende que entren "los poderosos", y sostuvo que si alguien piensa o tiene prueba de eso "ya sabe lo que tiene que hacer". "Alguien tendrá que explicar por qué este expediente estuvo parado durante cuatro años", enfatizó.

Informe y "mamotreto"

Carlos Garcinuño defendió ayer el informe que encargó, tras el auto que obliga al derribo inmediato del "mamotreto", al catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, Fernando López Ramón, pues, según indicó, "el tema judicial va por un lado, y la tramitación del plan especial va por otro". Dijo que el objetivo de ese documento era "asegurar" los efectos de la sentencia en la tramitación de un plan especial y en la existencia de un edificio sometido a una sentencia de demolición. En las conclusiones, el catedrático recomienda al consistorio solicitar al Juzgado de lo Penal nº 5 de Santa Cruz de Tenerife la legalización parcial de las obras del "mamotreto", dado que resultan "perfectamente adecuadas" al vigente PGO de 2013. Con excepción de la parte de las obras incluida en la zona de servidumbre de protección marítimo-terrestre. Y en función de la respuesta judicial a lo anterior, suscitar un conflicto de jurisdicción ante el mismo juzgado, al producirse "una invasión judicial" de las competencias administrativas exclusivas en materia de dominio público, defensa de los sistemas generales urbanísticos y ejecución forzosa de los actos administrativos.