El concejal de Atención Social de Santa Cruz, Óscar García, anunció ayer, con cierta sorpresa, que se va a modificar la ordenanza reguladora de las tarifas para la prestación del servicio de Educación Infantil, con el ánimo de preservar las actuales bonificaciones a las familias "más vulnerables" del municipio.

Curiosamente, la medida llega tras las críticas de la oposición a una normativa que se aprobó de manera inicial en el último pleno y que, con su redacción actual, dejaría fuera de las bonificaciones al 81% de los usuarios.

Según avanzó García en el transcurso de la Comisión de Control, en la que compareció a petición de Sí se Puede, la modificación que se introducirá en el periodo de exposición pública afectará a los perceptores de rentas inferiores a 800 euros, que podrán seguir disfrutando gratuitamente de la prestación.

Además, se trabajará en una modificación más que permita ampliar este beneficio a las familias cuya renta oscile entre los 800 y los 1.065 euros "de manera que no tengan que abonar nada o bien que el ayuntamiento pueda sufragar hasta el 95% del coste del servicio". En la actualidad se costea íntegramente con cargo a los créditos anuales contenidos en presupuesto municipal, con 300 euros por menor.

Antes del anuncio, Asun Frías, edil de Sí se Puede, había remarcado que la ordenanza aprobada hace unas semanas "no ampliaba ni mantenía las bonificaciones". "O no saben lo que aprueban o nos venden una moto averiada", dijo.

Óscar García adelantó en este sentido que el grupo de gobierno trabaja en una moción institucional para instar al Gobierno de Canarias "a que asuma sus competencias en la materia e integre estas escuelas infantiles en el sistema educativo, lo que garantizaría en todo caso su gratuidad".

Además, consideró necesario que la comunidad autónoma amplíe la oferta de plazas en el municipio hasta llegar al 20% de la población menor de 0a 3 años.

No obstante, fue otro asunto el que concitó un mayor interés mediático en la sesión de control de ayer: el "mamotreto". El concejal de Infraestructuras, José Alberto Díaz-Estébanez, reiteró la "firme voluntad" del equipo de gobierno CC-PP de cumplir con la sentencia de derribo que pesa sobre el edificio.

El edil compareció a petición del grupo de Ciudadanos, para dar cuenta del último informe elaborado por la directora general del servicio, Patricia Rodríguez, que defiende, entre otras cuestiones, la imposibilidad de ejecutar el fallo judicial que obliga a la demolición del citado inmueble.

Díaz-Estébanez sostuvo que los últimos informes técnicos "obedecen" a la necesidad de garantizar la "seguridad jurídica" de la corporación y la "protección" de sus bienes patrimoniales. Un hecho que "no ha impedido", precisó, que el ayuntamiento haya encargado un proyecto de demolición integral del edificio.

El informe que se ha evacuado no interrumpe en ningún caso el proceso judicial en marcha, sino que es "preceptivo, oportuno y necesario" para garantizar la correcta actuación de la administración municipal, añadió. "No es un informe a medida", enfatizó el edil, quien avanzó que el documento será elevado ahora, previo paso por las asesoría jurídica, a la Junta de Gobierno para que se adopten los acuerdos que se consideren oportunos.

Los argumentos del edil de Infraestructuras no convencieron en modo alguno a los grupos de la oposición, que lo rechazaron de plano tanto por el fondo como por la forma.

Para Ramón Trujillo, de IU, los argumentos del informe son "un pretexto" y se preguntó si la sentencia firme acabará definiéndose en el proceso de ejecución de sentencia. "No hay manera de que se ejecute el fallo", lamentó.

En esta línea, Pedro Fernández Arcila, portavoz de Sí se Puede, mantuvo que el informe de Patricia Rodríguez "se aparta" del resto de los emitidos por otros técnicos municipales y de la orden que dio el alcalde para que se iniciara el proyecto de demolición.

Arcila se quejó también de que el documento no tuviera fecha y de que la citada directora general acabe concluyendo "algo que no se le pide". "Este grupo de gobierno está haciendo un ridículo impresionante", sentenció.

Y en esta línea, José Ángel Martín, portavoz del PSOE, puso en duda también las conclusiones del informe, al hacer referencia, por un lado, a la personación del ayuntamiento en la ejecución de sentencia "después de cinco informes a favor del derribo", y, por otro, a la aprobación provisional de los planes especiales. "Esto denota cierto desconocimiento de los procedimientos para aprobar el planeamiento", advirtió.

Distrito Salud-La Salle

La oficina del distrito Salud-La Salle buscará una colaboración "constante y fluida" con los vecinos de la zona para llevar a cabo las mejoras que permitan incrementar su calidad de vida, según explicó ayer su responsable, Yolanda Moliné, en el transcurso de la Comisión de Control, en la que compareció a petición del PSOE.

Ascensor del museo

El concejal de Cultura, José Carlos Acha, respondió al grupo socialista, sobre el ascensor del Museo de Bellas Artes, que la instalación está pendiente de la legalización de la instalación eléctrica. Si todo está correcto y se autoriza por parte de Industria se podrá realizar la puesta en marcha.