"Rechazamos que, tal y como ha anunciado la Concejalía de Recursos Humanos, se encargue a una empresa privada un informe externo para analizar las cargas de trabajo de 750 funcionarios, con un coste inicial de 50.000 euros, cuando existen herramientas gratuitas que permitirían llevar a cabo ese estudio necesario e imprescindible para cumplir con la ley". Así se refirió ayer Moisés Sánchez, delegado de Comisiones Obreras en la Junta de Personal, a la iniciativa de abrir un concurso antes de final de año y adjudicar el trabajo a una firma externa a lo largo de 2016 para "conocer las cargas de trabajo del personal administrativo del Ayuntamiento de Santa Cruz y luego redistribuirlo en los distintos servicios".

Sánchez explica que "la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995 establece cuatro grandes líneas de actuación: medicina general, ergonomía, higiene en el trabajo y psicología. Dentro del apartado de psicología, existen los riesgos psicosociales de la organización del trabajo, que corresponde a la empresa, pero puede afectar a los trabajadores por estrés. Dentro de esos riesgos están las cargas del trabajo".

Sánchez alude a un simpático vídeo de la película de Charles Chaplin "Tiempos modernos", aquel en el que el protagonista desarrolla su tarea en una cadena de producción, para explicar la cuestión de las cargas de trabajo.

"Existen métodos diversos reconocidos internacionalmente -valora-, como el Physis o el Copsaq. Este último, creado por el Ministerio de Trabajo danés, está implantado en Inglaterra, Francia, Italia o España. Comisiones Obreras lo ha adaptado aquí con el modelo Insta 21 porque son 21 las variables a analizar. Cada empresa elige el que quiera y es gratuito".

Sánchez reclama un estudio "para todos los trabajadores, no solo administrativos". Y recuerda que "Insta 21 tiene todos los elementos a disposición en la página insta.net: aplicación, programa informático, modelos de encuestas... Para empresas de hasta 25 trabajadores (modelo corto) o de más de 25 (largo)".

"Es una obligación legal y estamos de acuerdo en hacerlo -concluye Sánchez-, pero no con la adjudicación a una empresa privada que puede obedecer a determinados intereses y no ser objetiva. Lo mejor, en nuestra opinión, es utilizar un método reconocido, gratuito y fácilmente aplicable al Ayuntamiento de Santa Cruz".