El concejal de Obras y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Santa Cruz, Dámaso Arteaga (CC), declaró el pasado miércoles ante la magistrada Carolina Déniz, titular del juzgado número 3 de la capital tinerfeña, como imputado por un presunto delito medioambiental. La base y motivo sería "el vertido diario de 20.000 metros cúbicos de agua sin depurar a la zona de La Hondura" en la salida hacia el sur de la capital tinerfeña.

El también concejal Pedro Fernández Arcila (Sí se Puede) había presentado en 2008 una denuncia en términos similares al edil del área en el anterior mandato, Norberto Plasencia, aún pendiente de juicio. En febrero de 2012 reiteró la demanda -que también va dirigida a Emmasa, encargada de la gestión del agua en Santa Cruz- ante la Fiscalía contra Delitos Medioambientales que dirige Inmaculada Violán.

La denuncia de 2012 se acumuló e incorporó a las diligencias previas 221/2008 incoadas ya en 2008. La Fiscalía le dio traslado al Juzgado número 3 para investigar y tomar las declaraciones que estime pertinentes su titular. Es lo que ha hecho con Arteaga.

El concejal de Servicios Públicos y presidente del Consejo de Administración de Emmasa se limitó ayer a confirmar su declaración como imputado y a afirmar que ante la jueza Déniz (antes con destino en Arrecife durante el desarrollo del famoso caso Unión de Lanzarote) había dicho lo que tenía que decir.

EL DÍA contacto con Emmasa, desde donde manifestaron: "No nos pronunciamos sobre procesos judiciales abiertos".

No es el único tema de controversia entre Arteaga y Arcila. Así, este último preguntará en el Pleno ordinario del día 31 por la decisión de invertir dinero público para la mejora de las vías de la urbanización privada Las Mimosas, actuación basada en un decreto del pasado 24 de junio por el que Arteaga autorizaba las obras por considerar las calles de la urbanización como bienes de dominio público.

El vocal de Sí se Puede en el tagoror del Suroeste, Roberto Abdullah, había diseñado una moción, presentada al pleno del pasado marzo, en la que se pedía asfaltar todas las calles, con especial mención a las del Suroeste. El equipo de gobierno la rechazó con el argumento que dio el concejal de Obras de que no se trataba de bienes de dominio público.