El caso García Cabrera comenzó como un "asunto menor" en 2003, creció en progresión geométrica entre 2005 y 2006 y adquirió luego derivaciones de enorme transcendencia. En origen, se trataba de afrontar la remodelación del IES Hermanos García Cabrera de Ofra para transformarlo en oficinas administrativas municipales y de atención al público ante la "urgencia" para que los funcionarios salieran de General Antequera (todavía siguen ahí) por los riesgos laborales denunciados por los sindicatos. Pero se hizo sin plan de obras, sin informes preceptivos y con la adjudicación "a dedo" a la empresa IMES.

A todo esto, Miguel Zerolo era el alcalde y Guillermo Núñez Pérez, catedrático de Derecho Financiero y Tributario, su mano derecha, al ocupar los cargos de concejal de Servicios Centrales, primer teniente de alcalde y responsable de Economía, Hacienda y Recursos Humanos entre 2003 y 2006. Fue "cooperador necesario" para que unas "reformas menores" costaran siete millones de euros, euro arriba, euro abajo.

Y Joaquín Castro Brunetto era director general de Coordinación, Participación Ciudadana y Servicios Desconcentrados.

Odalys Padrón, concejal del Grupo Mixto en el periodo 2003-2007, denunció el caso García Cabrera. Ella divulgó en este periódico el primer informe que evidenciaba irregularidades en la adjudicación de las obras. El 15 de mayo de 2006 se publicaba en EL DÍA un artículo titulado: "Nuñez adjudicó de forma irregular la rehabilitación del García Cabrera".

En marzo de 2005 llegaron las dos primeras facturas por 371.627 euros. Castro proponía el pago y Núñez lo apoyaba, pero el Interventor "bueno", Miguel Ángel Rojo Garnica (también se opuso a la privatización de Emmasa) emitió un reparo en el que alertaba de la falta del procedimiento de contratación y de que no se podían incluir los trabajos en el contrato.

A la asesoría jurídica, que dirigía entonces Luis Fernando Prieto, actual secretario del Ayuntamiento de Santa Cruz, se le solicitó que elaborara un informe contradictorio: en el documento se recoge que las obras de remodelación tendrían que haber sido objeto de un nuevo contrato, pero también se justificaban en la necesidad de disponer de este nuevo espacio. Con este nuevo informe de los servicios jurídicos, Castro elaboró otro documento en el que volvía a proponer que se autorizara el pago y el alcalde firmó el decreto para levantar el reparo.

Este sistema de informes y contrainformes para levantar los reparos que una y otra vez ponía la Intervención fue el método utilizado hasta que concluyeron los trabajos. Cuando se produjo la dimisión de Guillermo Núñez, en julio del 2006, se creó un nuevo expediente que también reparó la Intervención y volvió a levantar el alcalde vía decreto.

El llamado caso García Cabrera parecía casi una anécdota cuando comenzó todo en un ya lejano -con la perspectiva actual- año 2005, en comparación con el caso Las Teresitas y su vínculo, el caso Fórum. Pero...

José Ángel Martín

Primer Teniente de Alcalde

Cristina Tavío

portavoz del pp de santa cruz

Pedro Fernández Arcila

concejal de Sí se puede