La concejal de Sí Se Puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife Asunción Frías ha considerado hoy "una fantasmada" que el grupo de gobierno haya dado por zanjada la inspección y depuración del padrón municipal, en el que se darán de baja a un total de 13.918 inscritos que aparecen registrados por "una deficiencia administrativa".
Frías, en un comunicado, ha dicho que el intento del grupo de gobierno de dar carpetazo al caso del fraude del padrón es "una fantasmada irresponsable y preocupante", al tiempo que ha reiterado la intención de su partido de denunciar este caso ante el juzgado de instrucción en las próximas semanas.
El documento de conclusiones de la investigación interna, para la que el grupo de gobierno se ha tomado un año completo, "arroja menos luz sobre las características y las causas de lo ocurrido que el informe que el propio Ayuntamiento había elaborado hace catorce meses, en febrero de 2013", ha señalado la concejal.
Sí Se Puede ha detectado varias contradicciones y omisiones significativas en el informe entregado ayer, que incluirán en la denuncia por prevaricación, falsedad documental, infidelidad en la custodia de documentos y delito electoral que elaboran en estos días.
Los concejales de este partido consideran que algunos aspectos penales pueden haber prescrito, pero otros han sido permanentes, continuados o, incluso, han ocurrido en los últimos cinco años y, por lo tanto, no han prescrito.
"Los fantasmas del padrón no se van a dejar enterrar tan fácilmente; solamente la luz de la verdad los hará desaparecer", ha aseverado Frías, para quien "llamar error administrativo a un enorme fraude va en contra de la transparencia y de la salud democrática en nuestra ciudad".
A la concejal le sorprende "enormemente" la actitud del PSOE que, a su juicio, ha actuado como un peón de Coalición Canaria, que es el principal responsable político de este supuesto escándalo.
Para Frías, es una falta de respeto a la ciudadanía que los socios de gobierno en el Ayuntamiento pretendan saldar este escándalo sin asumir ningún tipo de responsabilidad política y derivando las culpas hacia los técnicos y las empresas subcontratadas.