La Junta de Personal del Ayuntamiento de Santa Cruz acordó, por unanimidad, que los sindicatos que la integran y que “lo consideren oportuno, así como todos aquellos funcionarios interesados”, acudan a los juzgados de lo Penal “para presentar demandas contra las designaciones, nombramientos, prórrogas de nombramientos (comisiones de servicios, entre otras) de los jefes de Servicio por fraude de ley y prevaricación”.
La causa es el mantenimiento de dichos cargos después de la sentencia emitida por el Tribunal Supremo (TS) contraria a los planteamientos del gobierno municipal sobre los puestos de jefe de servicio cubiertos por libre designación a raíz de una denuncia interpuesta por UGT. La sentencia en cuestión obliga al grupo de gobierno a reelaborar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), medida que espera la Junta.
Pero en una situación similar se encuentra el denominado “personal de alta dirección”. A raíz de la anulación judicial del nombramiento del gerente del organismo autónomo Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) –caso concreto de este trabajador fue resuelto con su destitución–, la Junta de Personal reclama “la extensión de los efectos previstos” en la legislación de forma que la medida afecta a este grupo de empleados “sin que las autoridades hayan cumplido hasta ahora con esta medida”.
La Junta entiende que la norma reserva esos puestos “a funcionarios de carrera siendo muy excepcional el caso de otro tipo de trabajadores, debiendo estar muy motivada su designación”. Este órgano advierte de que el gobierno local “está elaborando un Reglamento con el que quieren regular los nombramientos del personal de alta dirección. La realidad es que por encima de eso está le ley”.