El Tribunal Supremo dictó ayer auto de apertura de juicio oral por un posible delito de prevaricación contra el senador y exalcalde de Santa Cruz de Tenerife Miguel Zerolo (CC), imputado en relación con unas obras que se realizaron en 2003 en el colegio García Cabrera de la capital tinerfeña.

El Ministerio Fiscal presentó una querella contra Miguel Zerolo que admitió el Supremo, que pidió el suplicatorio contra él y que le ha investigado.

El instructor del caso, el magistrado Luciano Varela, ha dado por concluida ahora esa investigación y ha ordenado sentar en el banquillo a Zerolo, a su teniente de alcalde y concejal, Guillermo Núñez, y al funcionario Joaquín Castro.

En el auto Varela señala que Zerolo pudo cometer prevaricación, es decir, dictar resoluciones conociendo que eran notoriamente contrarias a elementales normas relativas al régimen de contratación de obras por el ayuntamiento.

Tanto el fiscal como el juez consideran que en 2003 Zerolo contrató de manera aparentemente irregular las obras de acondicionamiento del edificio central de las oficinas municipales del Ayuntamiento de Santa Cruz.

Lo hizo, según los indicios, sin el proyecto, ni el concurso público que exigen las leyes, sin prestar oídos a los reparos de los inspectores y siendo plenamente consciente de todo ello, según sospecha el juez.

Las acusaciones apuntan a que, en su condición de alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Zerolo no prestó oídos a los múltiples reparos formulados por los funcionarios en relación con la adjudicación de las citadas reformas a la empresa IMES S.A., que era la que habitualmente trabajaba para el consistorio.