El Tribunal Supremo (TS) admitió ayer que IU ejerza la acusación popular en el proceso que sigue contra el senador y exalcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, por un posible delito de prevaricación relacionado con unas obras que se realizaron en 2003 en un edificio municipal.

Ahora IU pretende constituirse en acción popular contra el parlamentario, algo que el Supremo considera adecuado en un auto en el que remite al instructor de la causa la decisión sobre la cuantía de la fianza que deberá presentar el citado partido político para ser parte en el proceso.

El instructor de la causa es el magistrado Luciano Varela, quien en el auto que dio lugar al suplicatorio contra Zerolo señalaba que el imputado pudo cometer prevaricación al dictar "resoluciones conociendo que eran notoriamente contrarias a elementales normas relativas al régimen de contratación de obras por el ayuntamiento".

Tanto el fiscal como el juez consideran que en 2003 Zerolo contrató de manera aparentemente irregular las obras de acondicionamiento del edificio central de las oficinas municipales del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Lo hizo, según los indicios, sin el proyecto, ni el concurso público que exigen las leyes, sin prestar oídos a los reparos de los inspectores y siendo plenamente consciente de todo ello, según sospecha el juez.