La segunda sesión del juicio oral que se celebra esta semana contra cuatro exconcejales del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y tres técnicos por la construcción en una zona protegida de la playa de Las Teresitas del denominado mamotreto se saldó con el testimonio de dos interventores municipales que corroboraron que hasta el año 2007 estuvieron poniendo reparos e incluso reteniendo los pagos que debían hacerse a la empresa adjudicataria por no cumplir el expediente con la legalidad.

En su declaración ante la jueza y a preguntas de la fiscal, tanto José Luis Roca como Esther Pérez, ambos interventores adscritos a la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz, confirmaron que plantearon innumerables reparos al expediente de edificación del frente de playa tras comprobar que "en ningún momento contaba con la preceptiva acta de replanteo".

"Se trata de un documento que debe obrar en el expediente según establece la Ley de Contratos en sus artículos 128y 129 y el hecho de que no formaran parte del expediente tenía que haber acarreado la suspensión", explicó Roca en su declaración, recordando que "cuando se iniciaron las obras los reparos no habían sido levantados".

No fue hasta 2007 cuando la Gerencia de Urbanismo subsanó este error, pero "para ese entonces el proyecto ya no era el original sino que se había realizado un modificado", añadieron ambos expertos, lo que generó nuevos reparos por parte de la intervención, que durante todo este tiempo bloqueó cualquier pago que tuviera que ver con el mamotreto.

"No había ningún informe del servicio o los que había no eran válidos y así se hizo saber", relataron Roca primero y Pérez después, aunque el primero fue el que identificó al concejal de Infraestructuras y Obras en aquella época, Norberto Plasencia, y a la jefe del servicio y supervisora de la obra, Loreto Ariz, como las personas que firmaron las actas en las que se acreditaba que las obras no iban a desarrollarse en zona de servidumbre y cumplían con toda la normativa.

"No había informes técnicos que valoraran la adecuación de los trabajos, de ahí a que se presentaran distintos reparos", añadió Esther Pérez, que insistió en que tanto este segundo reparo como el primero "tenían que haber causado la suspensión de la obra", desconociendo ambos cómo es posible que el edificio se levantara con total normalidad cuando el expediente debía estar paralizado para ser subsanado.