La primera jornada de la vista oral que se celebra esta semana contra cuatro exconcejales del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y dos técnicos municipales, acusados de un delito contra la ordenación del territorio y prevaricación urbanística por la construcción de un aparcamiento en primera línea de playa de Las Teresitas, se saldó ayer con el cruce de acusaciones entre los distintos responsables de Urbanismo y Obras e Infraestructuras sobre a quién correspondió la aprobación del proyecto y el señalamiento de los técnicos de una y otra concejalía como los principales responsables de que se levantara el denominado "mamotreto" (un estacionamiento público) sin que hubiera permiso de la Dirección General de Costas para hacerlo.
Así, en su declaración ante el tribunal, tanto los exconcejales de Urbanismo Manuel Parejo y Luz Reverón, como el de Obras e Infraestructuras José Domínguez, relataron una y otra vez que desconocían que el aparcamiento se iba a levantar en zona protegida por ser dominio marítimo terrestre y que en ningún informe así constó, además de que los técnicos involucrados en la redacción del proyecto jamás les informaron de tal circunstancia. Si el que también fuera concejal de Obras Norberto Plasencia no se manifestó fue porque no tuvo oportunidad, ya que se negó a responder a cualquier pregunta que no fuera formulada por su abogado defensor y este no le hizo cuestión alguna.
Respecto a los técnicos imputados, esto es, María Loreto Ariz, Candelaria Benítez y Epifanio Gómez, justificaron que entre sus funciones no estaba la de tener conocimiento de que el terreno estuviese afectado por un deslinde, máxime cuando este acababa de ser modificado, por lo que ninguno de ellos se pronunció al respecto y señaló a los servicios jurídicos, tanto de Urbanismo como de Obras e Infraestructuras, como los responsables de estar al tanto de esa cuestión.
De tal manera que durante el juicio ninguno de los imputados aclaró cuándo y cómo comenzó el proyecto y mucho menos quién ordenó su ejecución.
"Yo informé, o no sé si ordené, que las obras debían ser paralizadas porque no estaba claro si Costas había firmado el convenio o no", declaró la máxima responsable de Urbanismo entre 2007 y 2011, Luz Reverón, antes de reconocer que tuvo que realizar un viaje a Madrid para hablar con los máximos responsables de Costas "para aclarar de quién era la titularidad de la obra y en qué punto estaba el convenio", descubriendo que nunca había sido rubricado el acuerdo y que, además, ya había una sentencia judicial de ese mismo año que sentaba jurisprudencia contraria al respecto.
Silencio ante la Fiscalía y culpabilidad de los técnicos
Los siete imputados por un delito contra la ordenación del territorio y prevaricación urbanística se negaron ayer a responder a cualquier pregunta que no fuera formulada por su abogado defensor, lo que se tradujo en que el Ministerio Fiscal no tuvo la oportunidad de interrogarlos y contrastar su versión de los hechos con la que en su momento aportaron y que en todos los casos se basó en el "desconocimiento total y absoluto" de que el proyecto de construcción del mamotreto pudiese estar afectado por una zona de servidumbre, puesto que, según mantuvieron ayer, "nunca constó en ningún informe ni técnico ni jurídico".
Precisamente fue este el argumento que siguieron los letrados de la defensa, dejando ver que ninguno de los ediles tenía por qué estar al tanto de tal circunstancia, ya que esa era una competencia técnica.
Hasta tal punto recurrieron a esta línea de defensa que incluso recordaron e insistieron en que Manuel Parejo era (y es) médico de profesión y Luz Reverón funcionaria del Cabildo de Tenerife, por lo que su preparación para conocer circunstancias tan específicas como esta afectación no era la adecuada, quedando en manos del personal de su concejalía y de la Infraestructuras y Obras.
No obstante, los tres técnicos que también están siendo juzgados aseguraron que no eran a ellos a quienes les correspondía informar de esa situación de ilegalidad "porque no era su competencia".