Al final ha ocurrido lo peor. La Seguridad Social embargó ayer las cuentas del Instituto de Atención Social (IMAS) en requerimiento de los tres millones de euros de deuda que los propietarios de Mararía no abonaron en concepto de Seguridad Social durante el tiempo que prestaban el servicio de ayuda a domicilio.

El consistorio asegura que se enteró ayer, cuando "la entidad bancaria con la que el IMAS opera comunicó la retención de las cuentas del instituto por parte de la Seguridad Social". "Si en el plazo de 10 días no se produjera una reacción por parte del IMAS, el monto de sus cuentas debería transferirse a las que designe la Tesorería para la ejecución del embargo. A consecuencia de esta situación, las ayudas y prestaciones que ofrece el instituto quedan automáticamente paralizadas", explica una nota de prensa.

El ayuntamiento habla de "sorpresa", pero Óscar García (PP) considera que, "de nuevo, mienten". "Esto se sabía desde diciembre de 2012", asegura, para concluir: "Desde agosto la Seguridad Social le reclama subsidiariamente la deuda de tres millones de Mararía".

El concejal popular recuerda que esta responsabilidad subsidiaria no es una novedad. "Está recogida en el artículo 34.6 de la Ley General de la Seguridad Social, en el Real Decreto 1/1994".

García considera que las ayudas para las personas que tienen una especial situación de necesidad no corren peligro por ahora. Al contrario de lo que dice el ayuntamiento en su nota de prensa, donde se explica que "tal retención origina graves perjuicios no solo al IMAS, sino, sobre todo, a las personas que reciben las ayudas económicas que gestiona, especialmente necesarias en este momento de grave crisis".

Desde el PP se considera que toda esta situación se debe a la mala gestión y a la falta de control de la corporación, que estuvo años pagando a Mararía sin fiscalizar que esta empresa estuviera al día con la Seguridad Social.

Por su parte, Asun Frías, de Sí se Puede, considera muy grave "que la Seguridad Social no haya notificado el embargo antes de realizarlo", refiriéndose a la nota de prensa del consistorio. "Nos extraña mucho que no hayan notificado antes", matizó, para añadir que esto solo es una "una consecuencia más de la nefasta gestión del consistorio del asunto Mararía".

El Ayuntamiento de Santa Cruz rechaza ser responsable subsidiario de la deuda y anunció que recurrirá vía judicial y administrativa el embargo. "Con esto solo van a ganar tiempo", concluye, pesimista, Óscar García, que cree que al final el consistorio tendrá que pagar por su mala gestión.