Santa Cruz de Tenerife

La sombra del García Cabrera

El auto del Supremo para pedir el suplicatorio de Zerolo reabre un caso surgido en 2005 con un "doble informe" y cuya clave es el aval para levantar el reparo de Intervención a las obras.
José D. Méndez
19/may/13 1:44 AM
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H ay asuntos larvados que siempre vuelven como efecto "boomerang" porque nunca se cerraron. Más aún si forman parte de la herencia envenenada que dejó en el ámbito judicial el que fuera alcalde de Santa Cruz, Miguel Zerolo. Esta semana se reabrió el llamado caso del IES Hermanos García Cabrera de Ofra, surgido a finales de 2005 cuando el ayuntamiento decidió emprender, en el antiguo centro educativo desafectado, obras supuestamente menores de reforma. La causa de esta "resurrección" fue el auto del Tribunal Supremo (TS) que solicita al Senado el suplicatorio para inculpar a Zerolo por un presunto delito de prevaricación a consecuencia de la denuncia presentada el 22 de abril de 2008 por el colectivo Justicia y Sociedad ante la Fiscalía Anticorrupción.

"El auto del juez Luciano Varela deja pocas dudas respecto a la inculpación del alcalde; prácticamente lo dice todo en el documento", apuntaron fuentes judiciales. Zerolo apela a que actuó "de acuerdo a los informes de los funcionarios y los servicios jurídicos".

La historia se remonta a finales de 2005, cuando se tramitó como obra menor con la empresa de mantenimiento (IMES, luego IMESAPI) la reforma del antiguo instituto para albergar las oficinas municipales. Eran los tiempos como concejal de Economía y Hacienda de Guillermo Núñez (2003-2006), que no quiso hacer declaraciones a este periódico, aunque siempre defendió la necesidad de salir con urgencia de la sede de la calle General Antequera, donde no se cumplía la legislación en riesgos laborales. Incluso, se produjeron varios conatos de incendio alguno de los cuales Núñez llegó a calificar de "intencionado".

Las dos primeras facturas con IMES datan del 1 y el 15 de diciembre de 2005 por un importe de 371.628 euros. Ambas se aprobaron tras la aparición el 30 de diciembre de ese año de dos informes iguales, salvo en un párrafo, firmados por el actual secretario del pleno, Luis Prieto, y por el funcionario Domingo Larraz. Ambos documentos eran contradictorios, ya que uno reconocía la reforma como obra menor y el otro, todo lo contrario.

Núñez dimitió en julio de 2006 y el 26 de diciembre de ese año un informe del actual director de Organización y Régimen Interno, y entonces de Servicios Centrales, Joaquín Castro Brunetto, avaló el levantamiento del reparo del interventor, que hasta en tres ocasiones había advertido de la ilegalidad por tratarse de una obra mayor. Entre la marcha de Núñez y ese informe, el alcalde habría asumido las competencias del edil dimitido en Servicios Centrales.

Castro Brunetto, que esta semana declaró en Madrid, emitió el informe en el que se basó la Junta de Gobierno para aprobar el 26 de diciembre de 2006 las obras ejecutadas del 1 de enero al 31 de julio de ese año por 1.742.210 euros, así como la adjudicación a IMES por vía "directa, urgente y retroactiva" de las realizadas desde el 1 de agosto por 3.839.758. En total, 5.953.597 euros "por una obra menor". Aquí está la base de la denuncia de Justicia y Sociedad, elaborada por el letrado José Pérez Ventura. Son 40 páginas, más un anexo documental y otro de pruebas digitales, entre ellas las grabaciones de varios plenos.

La Fiscalía Anticorrupción de Tenerife la derivó primero a Las Palmas por la condición de diputado regional de Zerolo y luego al Supremo en 2012 cuando fue elegido senador. Los denunciantes se van a personar ahora en la causa porque "deberían estar imputados todos los que aprobaron el expediente en la Junta".

"La culpabilidad se demuestra a veces por asuntos en apariencia menores respecto a otros de más calado y estoy pensando en Las Teresitas", apuntó Pérez Ventura para concluir: "Hemos propuesto que declaren dos periodistas que desvelaron el doble informe".

El mismo 26 de diciembre de 2006 en que Castro Brunetto elevaba su dictamen se constituía la primera Comisión de investigación municipal de la democracia, "cerrada en falso el 19 de abril de 2007 después de tres sesiones porque los comparecientes solo declararon generalidades por escrito. Además, nunca se elevaron las conclusiones al pleno como es preceptivo". Son palabras de uno de sus miembros, Guillermo Guigou -el presidente era José Ángel Martín, del PSOE-.

La reforma del García Cabrera fue una obra en principio menor cuyo coste final ascendió a casi seis millones de euros. Otro "asunto del pasado" que vuelve. Y aún no ha acabado, ni mucho menos.