El alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez (CC), podría verse obligado a hacer efectivo su voto de calidad si pretende rechazar una moción de Sí se Puede en el próximo pleno, pues nacionalistas y socialistas suman 13 actas, igual que todos los grupos de la oposición.
Se trata de una iniciativa con la que el portavoz de Sí se Puede, Pedro Arcila, pide, entre otras cosas, que se paralice la actividad y se sancione a las empresas de áridos de Montaña de Taco, iniciativa que no podrá contar con el voto de la edil de Recursos Humanos, Carmen Delia Alberto -también presidenta del comité local de CC en Santa Cruz, al ser hija de uno de los empresarios, con lo que deberá ausentarse en la votación.
Según rastreó ayer EL DÍA, tanto el PP, como Por Tenerife y Ciudadanos de Santa Cruz respaldarán la propuesta, mientras que el gobierno (CC y PSC) no desveló el sentido de su voto. Eso sí, diversas fuentes sostienen que el equipo gobernante no tiene especial preocupación por esta polémica y es muy probable que acabe votando de forma afirmativa, evitando así su primera derrota plenaria.
La iniciativa plantea, entre otras cuestiones, el encargo a los técnicos de la Gerencia de Urbanismo de la elaboración de un informe que identifique las morras de la montaña que ocasionan peligro para los transeúntes, trabajadores y viviendas cercanas, "relacionando los propietarios del lugar donde se ubiquen éstas y, con base a ese documento, se inicien los trámites para exigirles a los titulares dominicales la eliminación de los riesgos".
Además, también se pide a esos técnicos otro estudio para identificar a las empresas "que han realizado actividades extractivas, determinando las que han ocasionado la actual configuración escarpada o acantilada y, en todo caso y al margen de cualquier plan de restauración minera, poner ese informe en conocimiento de la Dirección General de Minas de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del gobierno regional y, si procediera, reclamar de ese órgano la imposición de las sanciones y medidas de restablecimiento".
Arcila también plantea la inmediata "paralización de las extracciones mineras, estableciendo un control policial estricto en la zona". Pide, asimismo, que las plantas de machaqueo acaben con su actividad y retiren la maquinaria, "incoándose expediente sancionador para la industria que carece de licencia (desde hace más de 10 años) y revisándose el permiso de la que sí lo tiene, por contravenir el Plan General de Ordenación (y existir tres informes municipales negativos)". Hasta ahora, no ha habido ninguna multa, lo que el edil considera un incumplimiento de los deberes de las autoridades y funcionarios locales. Además, alude a los ruidos, el polvo y el tráfico de camiones que generan estas empresas en zonas como Las Moraditas.
La moción va más allá e insta al Cabildo a que promueva la tramitación del plan territorial que englobe la Montaña de Taco y su entorno. "En caso de que en el plazo de tres mes no cuente con aprobación inicial ese plan, se ha de acordar el inicio de uno especial por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz, instando al de La Laguna para elaborar, de forma conjunta, este Plan Especial del Parque Metropolitano de la Montaña de Taco", ante el temor de que la resolución puede retrasarse más de 10 años por cómo queda sectorizado el suelo en la zona.
Asimismo, se propone la eliminación, del Plan General de Santa Cruz actualmente en revisión, de la iniciativa de obtener parte del suelo del parque metropolitano mediante el sistema de adscripción.
La moción incluye también la idea de crear una fundación pública proparque Montaña de Taco y, para ello, se insta a llevar a cabo las gestiones necesarias para que esta entidad esté integrada por el Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife, y los dos ayuntamientos. Sus normas de funcionamiento, además, deberán contemplar la posibilidad de que los ciudadanos puedan participar en ella. Aparte de esta fundación, se plantea una comisión vecinal "metropolitana" cuyo cometido pase por cumplir el contenido de esta moción.
Arcila considera que esta montaña es el "exponente más gráfico del daño que la desidia institucional puede provocar sobre el territorio, el paisaje, la seguridad de las poblaciones y el medio ambiente de los núcleos urbanos cercanos". Insiste en que ha habido extracciones ilegales desde hace más de treinta años, entre otros motivos porque "estas actividades industriales se han ejecutado al margen de un plan de restauración y de cualquier técnica minera, transformando hasta tal punto la montaña que prácticamente la mitad ha desaparecido". También censura la "ambición sin límites de los propietarios de la montaña".