La presidenta de la comisión de investigación constituida en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en relación con el denominado "caso Archivo", Amaya Conde (PSC), presentó ayer su propuesta de conclusiones a los demás miembros del citado órgano sin que lograra la pretendida unanimidad debido a que, a pesar de que admite deficiencias en la dirección y coordinación de los trabajos, no observa "actuaciones reprobables" de ningún responsable político y se limita a recomendar "mayor diligencia" en el seguimiento de las competencias que tienen encomendadas.
Ello a pesar de que un informe de la Secretaría General del Pleno señalaba a Juan Manuel Brito Arceo (PP) y a Guillermo Núñez (CC) como responsables en última instancia del contrato adjudicado a JIF Europea de Consulting SL para digitalizar el archivo municipal por un importe de 240.000 euros y que las propias conclusiones advierten que no se puede determinar la total ejecución del contrato.
Entre las conclusiones de la comisión de investigación (un informe de cuatro folios) se advierte de que el segundo pago a la citada empresa no está debidamente justificado ni en tiempo ni en forma, además de otra serie de irregularidades, como que no consta "acta de recepción final de los trabajos formalizada conforme a lo que exige la legislación de contratos, con lo que no se puede determinar la total ejecución del mismo, ni la fecha de finalización, ni el plazo de garantía que exige la ley". Asimismo, las conclusiones dejan constancia de la "escasa colaboración" del personal de la corporación llamado a comparecer.
El miembro de Ciudadanos de Santa Cruz en esta Comisión, Guillermo Guigou, ha tachado de "chapuza administrativa" las citadas conclusiones y ha exigido que sean debatidas en un debate plenario.