El Ministerio de Defensa ha accedido a la devolución de una parte de las cantidades que cobró a los promotores de las viviendas de la Cooperativa Las Hespérides en la década de los años 90, cuya cifra podría superar los 3 millones de euros, incluyendo los intereses y los gastos, cifra que se definirá en un proceso administrativo que durará unos meses.

Esta decisión se adoptó hace unos días en un encuentro entre los cooperativistas y su representante legal, el abogado Vicente Álvarez Gil, y la directora general de Infraestructuras de Defensa, Mónica Melle, en Madrid, en la que también se abordó "la cantidad extra que supuso la operación de recomprar los terrenos a la familia Rodríguez López, de unos siete millones de euros, una vez que los recuperaron en los tribunales tras la revocación de su cesión al Ministerio en la década de los 30".

Álvarez Gil recordó que los cooperativistas están reclamando en la actualidad, por medio de un pleito abierto en la Audiencia Nacional, "unos 4 millones de euros", proceso que se prolongará un año más, al margen de la cifra que ya se les ha reconocido.

Este acuerdo con Defensa representa "un alivio importante para los 115 cooperativistas, ya que supondrá unos 30.000 euros de ahorro de su carga hipotecaria, puesto que estos propietarios han pagado dos veces por el precio de los terrenos", además de la garantía de que "no pederán sus propiedades".

Así, si la Audiencia Nacional acepta al final lo que reclama Las Hespérides, serían unos cinco millones de euros, de los que se descontarían los tres que se les ha reconocido desde el Ministerio".

No obstante, Álvarez Gil señala que aún queda una parte del dinero que "Defensa considera que no nos corresponde, que es la cantidad que se corresponde con la indemnización por la circunstancia de que la Cooperativa Las Hespérides ha tenido pagar un doble precio", ya que según precisó, en su día se abonaron más de 233 millones de las antiguas pesetas, "pero por la incompetencia del Ministerio, se tuvo que pagar a la familia Rodríguez López otros 7 millones de euros".

Esta familia cedió en 1937, en plena Guerra Civil, 470.000 metros cuadrados donde hoy en día se establece la Base de Hoya Fría, con la condición de que sólo tuviera un uso militar. Sin embargo, esta condición se rompió en el momento en que el Ministerio vendió los terrenos a la cooperativa, por lo que ha tenido que devolver la propiedad, y está pagando un elevado alquiler a los herederos de Rodríguez López, además del precio que cobró a la cooperativa, que tuvo que volver a comprar, y que es lo que se reclama en la actualidad en la Audiencia Nacional.