Hace algunos días comenzaban las obras de desescombro de las viviendas de María Jiménez sobre las que cayó una piedra de grandes dimensiones el día 30 de diciembre de 2008, causando serios desperfectos en una de las casas, en la cual, afortunadamente, no hubo que lamentar daños personales.

El desprendimiento y posterior caída de la piedra, que abarcó a cinco domicilios, obligó al realojo de sus moradores en casas cuyo alquiler se había comprometido a abonar el Ayuntamiento de Santa Cruz, situación en la que siguen en la actualidad.

Los vecinos ahora reciben con cierto alivio estos trabajos, a pesar de que se realizan casi 14 meses después del incidente, "pues la retirada de los escombros y el mobiliario que aún se encontraba dentro de las casas afectadas permitirá ahora conocer el verdadero alcance del daño de nuestras casas", señaló ayer uno de los afectados.

No obstante, observan con sorpresa las dimensiones que tiene la piedra que más daños originó, ya que, al margen de su volumen, también está el inconveniente de su gran tonelaje, lo que motiva que "se tenga que aplicar un producto especial que facilitará que se pueda extraer del lugar de manera fragmentada".

Sin embargo, los propietarios de las viviendas, entre los que se encuentran personas mayores, reciben "con alivio el inicio de estos trabajos, pues eso representa que cada vez está más cerca la posibilidad de que podamos volver a nuestros domicilios, ya que, una vez retirados los escombros, se daría paso al siguiente proyecto, que es saber si se puede volver a construir en la zona".

No obstante, un informe preliminar de los técnicos de Urbanismo había apuntado a principios del año pasado la posibilidad de que las casas no fueran demolidas, aunque los propietarios están a expensas del verdadero alcance del derrumbe, una vez que se limpie toda la zona.

Precisamente, este martes las familias realojadas recibían todos los recibos del alquiler que estaban pendientes para que los firmaran, y que fueron remitidos por el Área de Cohesión y Bienestar Social, a cuyo titular, Ignacio González, se le pidió que actuara de mediador porque desde la Concejalía de Urbanismo no se había abonado varios meses a los propietarios de estos domicilios, ubicados en la zona de María Jiménez.

Entre la parte alta y baja de la ladera hay 16 vecinos afectados, y las primeras labores realizadas en la zona consistieron en asegurar la montaña con la colocación de una malla metálica especial, que se comenzó a fijar varios meses después de los desprendimientos, puesto que se trató de un material especial que se tuvo que traer a la Isla desde fábricas de la Península e Italia.