La jueza de la sala de lo penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha imputado por un presunto delito de cohecho a dos de los ex concejales del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ya acusados por otros delitos, Emilio Fresco y José Emilio García Gómez, y agrega a José Luis Martín a la lista de imputados, también por presunto cohecho.

De esta manera, el número total de imputaciones por el caso Las Teresitas aumenta de 25 a 28, y el de imputados, de 12 a 13, después de que en un auto de la magistrada de la sala de lo penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, del 10 de febrero, aparecieran estas tres nuevas inculpaciones.

Emilio Fresco, que fue portavoz municipal socialista, y José Emilio García Gómez, ex portavoz del Partido Popular, ya estaban imputados por presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. Quien aún no figuraba en esta lista era José Luis Martín, que fue expulsado del Partido Socialista por un expediente por prácticas irregulares.

Éste último declaró que se encuentra "tranquilo" con sus declaraciones realizadas a finales de enero y espera que el caso se "resuelva pronto". El que fuera portavoz del Grupo Municipal Socialista entre 2001 y 2003 espera que sus declaraciones "sean suficientes" para aclarar todo este asunto.

Por otra parte, José Emilio García Gómez y Emilio Fresco rehusaron realizar declaración alguna a este respecto.

Las otras veinticinco imputaciones que ya se conocían son las siguientes: presunta prevaricación y malversación de fondos públicos de Miguel Zerolo (alcalde), Manuel Parejo (ex concejal de Urbanismo y actual primer teniente de alcalde), Antonio Messia (ex tesorero municipal), Juan Reyes Delgado (secretario delegado de la Gerencia de Urbanismo), José Luis Roca (interventor delegado de Urbanismo), José Eugenio de Zárate (secretario general de la corporación), José Tomás Martín (gerente de Urbanismo) y los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González.

El alcalde Miguel Zerolo tiene una tercera imputación, la de presunto cohecho, así como otras dos de malversación y cohecho contra Felipe Armas, un peón de la construcción.

Y es que este caso pretende esclarecer las presuntas ilegalidades en la compra, por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz, de once parcelas en el frente de playa de Las Teresitas, por más de 52 millones de euros, a los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia.

No obstante, las actuaciones se mantendrán parcialmente en secreto dada la complejidad y magnitud de las pesquisas pues los cuerpos y fuerzas de seguridad siguen adelante con las investigaciones.

Además, cabe destacar que la prórroga llegada en un principio de levantar el secreto sumarial el 18 de enero de 2010 ha resultado insuficiente para terminar la amplia instrucción, por lo que el secreto se levantará cuando la instructora delegada acuerde la apertura de la actuaciones.

Por su parte, el actual portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Santa Cruz, José Ángel Martín, señaló ayer que estas nuevas imputaciones demuestran que "tenían razón quienes defendían que había que llegar hasta el final y atacar la corrupción, fuera quien fuera el responsable".

Por otro lado, el portavoz del grupo parlamentario socialista, Santiago Pérez, exigió ayer que se clarifique quién pagó a los imputados por cohecho en caso después de que se hiciera pública la imputación por un presunto delito de cohecho a Emilio Fresco, José Emilio García Gómez y José Luis Martín.

Fuentes jurídicas consultadas ayer por este periódico explicaron que las tres últimas imputaciones se han formulado porque "a la juez le constan los pagos", pues precisaron que "hay delitos por lo que se puede imputar por mera sospecha, pero cuando se trata de cohecho, es que hay pruebas formales de que se hicieron los pagos".