Un informe técnico demoledor impidió ayer que los grupos municipales del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma pudieran llegar a un acuerdo para aprobar bonificaciones en los impuestos y tasas para los vecinos y empresas que se vieron afectados por las inundaciones registradas recientemente en la calle Pérez de Brito.
La propuesta de Ciudadanos, a través del concejal Juan Arturo San Gil, estaba encaminada a rebajar tasas e impuestos como el IBI, la tasa de basura o de agua y alcantarillado. El edil recordó que "las inundaciones" se habían registrados "por fallos en la obra" ejecutadas en esta zona, por lo que entendía necesario compensar a los afectados.
El portavoz del PP, Juan José Cabrera, defendió que estaba bien ayudar a los que ahora se vieron afectados, pero haciendo también una valoración de los vecinos que se hayan podido ver perjudicados por cualquier otra situación asimilable para evitar discriminaciones. El alcalde, Sergio Matos, recordó que el ayuntamiento tiene un seguro y que se asumirá los gastos por daños de los que realmente sea responsable el ayuntamiento.
Sin embargo, el debate político, con la intervención también de Maeve Sanjuán (NC) y de los dos concejales no adscritos, Antonio Ermetes Brito y Maite Pulido, quedó supeditado a un informe técnico demoledor que algunos de los grupos conocieron en pleno debate. A propósito, sentencia que "ninguna autoridad, cargo público o funcionario está por encima de la Ley y si la Ley no prevé un beneficio tributario en el IBI o en las tasas (bajo los parámetros que se plantean en la moción), es imposible acceder a lo solicitado sin vulnerarla".
El técnico que emite el documento señala además del riesgo de "prevaricación" en caso de que se aprobara la propuesta.
San Gil mantuvo la moción, propuso incluso dar ayudas en lugar de aplicar bonificaciones, pero el informe era tan contundente que el margen de la negociación fue nulo, por lo que el resto de partidos votaron en contra.