Invaden propiedades, protagonizan pequeños hurtos, amenazan a vecinos, abandonan perros que acaban atacando al ganado... los alcaldes de la Isla se han hartado de los cazadores. No son mayoría, ni representan a la globalidad del colectivo, pero los actos se están reiterando cada vez con mayor asiduidad, creando un ambiente de rechazo notable entre los regidores locales.

La situación ha llegado al extremo de que el consejero insular de Medio Ambiente, Juan Manuel González, ha tenido, como responsable político de controlar esta actividad, que aguantar el "chaparrón" de quejas de los alcaldes en el seno de la Fecam, en un encuentro con especial protagonismo para los representantes de Garafía y Fuencaliente, donde más habituales están siendo este tipo de incidencias. "Hay cazadores irresponsables, cuando no delincuentes", sentenciaba un alcalde de otro pueblo a la salida de la reunión.

El propio consejero señaló a esta redacción que "la mayoría de cazadores cumplen la ley de caza, pero hay otros que no cumplen nada. Me refiero a que no solo es que no cumplan con algunas normas de la propia actividad sino que además han provocado supuestamente destrozos en fincas, han cometido hurtos, han llegado a insultar a algún agricultor después de entrar en su finca o han creado con su actitud malestar entre los propios ciudadanos, introduciéndose en zonas cercanas a las viviendas o con perros que llegan incluso a las piscinas de los particulares".

Juan Manuel González reconoce que las quejas trasladadas por los alcaldes "solo hacen confirmar las denuncias y quejas que directamente nos han hecho llegar los propios ciudadanos".

El consejero, que ya había tenido una reunión junto con el presidente de la sociedad de cazadores en Fuencaliente, reconoció que "tenemos dificultades para el control de estos hechos. Disponemos para toda la Isla de 14 agentes de Medio Ambiente más un inspector, con sus turnos de trabajo y numerosas competencias, un número insuficiente si tenemos en cuenta que contamos con 1.900 licencia de caza. Pensemos que un día salen a cazar no todos los cazadores sino menos de la mitad, 800 ó 900 personas, que se reparten por toda la geografía insular. Tiene que ser una casualidad muy grande que uno de los agentes pueda encontrar a uno de estos cazadores cometiendo una de estas infracciones".

Juan Manuel González pide que sean "los propios ciudadanos los que denuncien, pero no solo ante la Consejería de Medio Ambiente sino también ante la Policía Local o la Guardia Civil, ya que nosotros solo podemos imponer sanciones administrativas, cuando en algunos casos se trata de hechos delictivos".

Estos cazadores han "invitado" a caminantes y corredores a abandonar el sendero por el que discurren, incluso en trayectos tan transitados como la subida de unos seis kilómetros al Refugio de los Roques desde la Hilera, llegando a advertirles de las posibles consecuencias a las que supuestamente se arriesgan o falseando la realidad con afirmaciones como "el sendero está cerrado y deben marcharse".

El consejero subraya que las normativas que regulan la actividad cinegética "son claras sobre dónde pueden y dónde no cazar". Una preocupación de mayor calado incluso en un territorio como La Palma que promociona el turismo de senderismo como una de sus principales riquezas.