Quedan apenas diez meses de mandato y en las estrategias políticas de cada partido es complejo que se asuma ahora una moción de censura, pero la realidad es que el desahucio previsto para final de este mes de la familia que ocupa desde diciembre de 2015 una vivienda de promoción pública en el barranco de la Cruz de La Paloma, tal y como adelantó EL DÍA en su edición del pasado domingo, pone al menos en riesgo al Grupo de Gobierno (PP) en el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane.

El PP gobierna en minoría. CC y PSOE siempre han estado de acuerdo en censurar a la alcaldesa, Noelia García, pero los dos ediles de IUC nunca han visto en los nacionalistas una solución válida para apostar por el cambio. Pero todo tiene un límite y la situación puede cambiar de forma radical si Samara Bermúdez se ve en la calle con sus tres hijos menores de edad. A propósito, el portavoz de Izquierda Unida, Felipe Ramos, manifestó ayer a esta redacción que "el PP tiene que saber que gobierna en minoría y que para IUC es una línea roja el que desde las administraciones se impulse el desahucio de vecinos y vecinas sin recursos".

Hay que recordar que la sentencia en contra de la familia que ocupó esta vivienda es el resultado de un proceso judicial iniciado tras una denuncia presentada por el grupo de gobierno.

Ramos expone que "hemos insistido durante estos años que la solución no pasaba por el desahucio y que era necesaria una mediación activa del Instituto Canario de la Vivienda", titular del inmueble que cedió en su momento al ayuntamiento para personas sin recursos antes de ser ocupado por Samara Bermúdez. "Hay una realidad y es que esta familia no tiene los ingresos suficientes para poder pagar un alquiler, algo que estas dos administraciones tendrán que afrontar en algún momento, pero no como se plantea, dejando en la calle a una joven con sus tres hijos y sin ninguna alternativa habitacional", sostiene.

El portavoz de IUC lamenta que "nos hayamos tenido que enterar de la sentencia por el periódico", cuando a su juicio el Grupo de Gobierno, una vez recibida la resolución judicial, "debería haber convocado de urgencia a los portavoces para tratar el tema".

Felipe Ramos tiene claro que para el Partido Popular el problema de la vivienda "no ha sido una prioridad en estos tres años de mandato", y así, ante la falta de recursos para acceder a un alojamiento, "hemos conocido casos de personas que viven en una obra, habitan en un edificio en ruinas u ocupan un edificio vacío propiedad de los bancos".

IUC hace además un llamamiento al Gobierno de Canarias para que "de forma urgente medie con la persona que ha ocupado el inmueble y busque alternativas al desalojo".