La primera reunión entre los representantes sindicales de los trabajadores del Consorcio Insular de Servicios, CSIC y UGT, y la parte empresarial, que ha asumido el gerente, Álvaro Duque, ha dejado al descubierto las discrepancias que existen entre ambas partes, que en caso de no solucionarse generarían un conflicto laboral en un servicio fundamental para la ciudadanía y la imagen de la Isla: la recogida de residuos.

El gerente se presentó a la mesa de negociación con el jefe de Operaciones y tres abogados externos al Consorcio. La representación sindical esperaba la presencia "de otros interlocutores directos con los que poder llegar a acuerdos", por lo que ha dejado entrever su descontento. Los sindicatos entendían fundamental la asistencia de los diferentes partidos políticos que componen el Consejo de Administración del Consorcio, que son los que a la postre tienen poder de decisión.

Desde el CSIF se reconoce que las posiciones están "muy encontradas", sobre todo después de que la parte empresarial propusiera como texto de trabajo "un borrador con una serie de cláusulas que ya se aplican a los trabajadores, algunas abusivas que atentan contra sus derechos y en contra la propia imagen del Cabildo, que ampara bajo su paraguas a este ente público".

Por el contrario, los sindicatos presentaron como marco de negociación el convenio del personal laboral de la institución insular, encontrando "la continua oposición" de la empresa. Se llegó al acuerdo de esperar por el informe jurídico interno que debe elaborar el secretario del Consorcio sobre esta petición de la plantilla.

Los trabajadores recuerdan que el Consorcio es una entidad formalmente adscrita desde julio de 2015 al Cabildo de La Palma, ya que "por ley estaba obligado a ello", y en virtud del artículo 121 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, a su plantilla "se le debe aplicar el régimen jurídico de la administración pública de adscripción, que en nuestro caso se traduciría en que al personal del Consorcio de Servicios de La Palma se le debe aplicar un régimen jurídico (laboral) idéntico" al de la institución insular.

Aunque en ningún caso se ha planteado una huelga, no es descartable que se presente un preaviso si en las próximas reuniones no hay un acercamiento.